Ni rastro de lo prometido

Para intentar calmar al sector, el Gobierno se ha comprometido en la nueva norma a que los ayuntamientos tengan que compensar a los promotores por obligarles a reservar un 30% de sus nuevos proyectos a vivienda protegida.

Cada administración urbanística deberá establecer los mecanismos necesarios para ello. Pero no hay más detalles sobre cómo se llevará a cabo. Fuentes consultadas detallan que lo lógico sería que los ayuntamientos que reclamen esa posibilidad compensen al promotor con otro suelo con el mismo valor. Pero en esa misma ubicación o en otra zona.

Y esta posibilidad es en la que chocan con la industria, que considera que la propesta genera una fuerte inseguridad jurídica.

No quieren más metros cuadrados a cambio. Consideran que eso solo servirá para mitigar en parte el impacto que sufrirán, pues pueden otorgárselos en terrenos que no tengan tanto tirón comercial, con lo que podrían tardar más en vender esas viviendas retrasando la generación de rentabilidad.

Algo que, según denuncian, no se pueden permitir en un momento crítico para el sector. Pese al fuerte repunte de las operaciones de compraventa en el último año, y con unos precios que no han bajado pese al impacto de la crisis, los promotores deben hacer frente a un notable incremento de costes derivado de la crisis de suministro global y de la subida de los precios de las materias primas.

De hecho, una de cada cuatro empresas de construcción ha tenido que paralizar o retrasar la ejecución de alguna de sus obras, como consecuencia del encarecimiento de los materiales necesarios para ejecutar los proyectos, según un estudio de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que apunta además a que las subidas ya han encarecido un 22,2% el coste total de las obras en España.