El Pacto de Toledo se enfrenta al escollo de fijar pensiones dignas

El Pacto de Toledo echa a andar de nuevo prácticamente un año después de que se desintegrara. «Está muerto». Con estas palabras el entonces diputado de PdeCAT Carles Campuzano certificó la imposibilidad de llegar a un acuerdo precisamente cuando más cerca estaba y después de dos años y medio de trabajo.

Entre los consensos que hace un año habían prácticamente cerrado se sitúan temas tan espinosos como la nueva revalorización de las pensiones, la separación de fuentes, la necesidad de alargar la edad real de jubilación, la puesta en marcha de medidas para disminuir la brecha de género e incluso una reforma integral de las pensiones de viudedad y orfandad. La creación o no de un nuevo factor de sostenibilidad que incluya la esperanza de vida, la edad legal de jubilación y la definición de lo que es una pensión digna pueden ser los grandes escollos.

EL FIN DE LAS SUBIDAS MÍNIMAS

El primer gran acuerdo que anunció el Pacto de Toledo —aunque no fue suscrito por Esquerra— es la necesidad de que las pensiones vuelvan a revalorizarse cada año «en base al IPC real», con lo que se pondría el punto y final al Indice de Revalorización (IRP) que trajo la reforma del Gobierno del PP y que abocaba a los pensionistas a subidas mínimas del 0,25% mientras el sistema tenga déficit.

«La Comisión constata que el vigente IRP no goza del suficiente consenso político y social», explica el borrador de la recomendación 2, que quedó consensuado a finales de 2018.

Otra cuestión será establecer cuál es la inflación real cada año, puesto que puede tomarse de referencia la de noviembre, la de diciembre o la media anual, como ha hecho los dos últimos años el Ejecutivo.

MÁS IMPUESTOS

La anterior comisión dejó ya establecidas una serie de recetas con las que pretendían acabar en 2025 con el déficit que arrastra la Seguridad Social desde el año 2011 y terminar con la política de préstamos del Estado al sistema. Fijaron así que las cotizaciones sociales deben destinarse «exclusivamente» a pagar las pensiones contributivas y el resto de prestaciones se sufraguen «a través de aportaciones del Estado». Así, considera que tienen que correr a cargo de los Presupuestos y no de las cuentas de la Seguridad Social las políticas activas de empleo (tales como las bonificaciones a determinados colectivos o reducciones como la tarifa plana), los subsidios, las prestaciones de maternidad y paternidad, los gastos de personal, las ayudas a sectores concretos para poder prejubilarse y a determinados regímenes como el agrario o el del hogar, entre otros.

Supone, por tanto, un paso más en el proceso de separación de fuentes que se puso en marcha en 1995 y un alegato por utilizar más impuestos para asegurar la sostenibilidad del sistema y la suficiencia de las prestaciones.

OTRA COTIZACIÓN PARA AUTÓNOMOS

La comisión ve «necesario» reducir a dos los regímenes de cotización, de forma que estén por un lado los trabajadores por cuenta ajena y, por otro, los trabajadores por cuenta propia. En esta línea, urge a implantar un nuevo sistema para que los autónomos coticen por sus ingresos reales y, a la vez, que la protección social entre ambos regímenes sea «equiparable».

ACUERDOS CON VOX

Campuzano, uno de los pesos pesados en esta comisión, no estará una vez que ha abandonado la primera línea política, ni tampoco otros veteranos como Celia Villalobos y Gerardo Camps —del PP—, ni el ex de Ciudadanos Sergio del Campo. Tampoco asistirán a reflexionar sobre cómo reformar un sistema de pensiones que está en números rojos la actual ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ni su compañera de filas Aina Vidal, precisamente a quienes se atribuyó la culpa de que el pacto saltara por los aires.

María del Carmen Pita será ahora la portavoz de Podemos, partido que puede ser clave para lograr el consenso, pues fue el que más se opuso en la anterior etapa y quien un año atrás presentó enmiendas particulares a 20 de las 21 recomendaciones.

A la actual comisión se suma Vox, algo que puede generar más división a la vista de que abogan por un sistema mixto, y muchas caras nuevas, entre ellas Ignacio Echániz al frente del Grupo Popular y la canaria Ana Oramas como voz del Grupo Mixto. Su presidenta será previsiblemente la anterior ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, que vuelve años después a formar parte de este equipo en el que se mantienen la socialista Mercè Perea, el diputado del PNV Iñigo Barandiaran o el de ERC, Jordi Salvador.