Diario de León

Los parados tendrán en el Sepe un plan individual y personalizado

Yolanda Díaz anuncia un acuerdo inminente para reformar las políticas activas de empleo

La ministra de Empleo, Yolanda Díaz, ayer en el Congreso. J .J GUILLÉN

La ministra de Empleo, Yolanda Díaz, ayer en el Congreso. J .J GUILLÉN

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El Gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con las comunidades autónomas y los agentes sociales para reformar las políticas activas de empleo y renovar la garantía juvenil, tal y como demanda la Ceoe. Así lo anunció este lunes en el Congreso la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que confía en tener el primer borrador para cambiar la ley a finales de mes o principios de abril. «Estamos alcanzando un acuerdo para una nueva generación de políticas activas de empleo, incorporando estas políticas a la era digital para hacerlas eficaces», aseguró.

La que pronto se convertirá en vicepresidenta tercera explicó que será una «reforma profunda» que ofrecerá el derecho a los afectados de «la personalización de los servicios» y a «itinerarios personalizados» para formar a los parados, una promesa de reforma que no es nueva, que ya se aprobó en 2011 y que llevan realizando en los últimos años todos los ministros del ramo sin llegar a cumplirla. Es más, incluso se llegó a contratar a más de 200 asesores para ofrecer itinerarios personalizados, pero luego no hubo presupuesto para continuar.

En este sentido, Díaz precisó que el Sistema Nacional de Empleo, que está formado por el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) y los servicios de empleo de las CC AA, garantizará un buen perfilado de las personas que buscan empleo, un itinerario laboral y formativo individualizado, una tutorización individual y un acompañamiento efectivo en la búsqueda de trabajo, en su formación y en las transiciones profesionales, «lo que se conoce como ‘upskilling’ y ‘reskilling’, algo que -remarcó- es clave», porque las «políticas activas de empleo se han hecho casi que por inercia». «Hemos de acertar perfectamente de manera quirúrgica en el despliegue de las mismas», incidió.

Significa esto que los poco más de 8.000 funcionarios del Sepe, un 33% contratado de forma temporal, tendrá que afrontar una carga de trabajo extra precisamente cuando ya está desbordado por la avalancha de prestaciones que tiene que gestionar a consecuencia de la pandemia. El organismo público sufre un «problema endémico» de falta de personal, que se ha agudizado en la covid-19, según denunció el pasado verano el Defensor del Pueblo, que advirtió de la necesidad de aumentar la plantilla de este organismo, ya que su dotación «resulta notablemente insuficiente, no solo para situaciones extraordinarias, como esta pandemia, sino también para el ejercicio ordinario de sus funciones».

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