La patronal pide reducir el salario fijo y unir sin límite contratos temporales
También quiere convertir en becarios a los trabajadores recolocados en otros sectores.
El presidente de la Ceoe, Juan Rosell, en una imagen de archivo.
A río revuelto, ganancia de pescadores... y la patronal ya hace tiempo que tiene echada la caña. Tras los logros que alcanzó con la reforma laboral aprobada por el Gobierno en 2012, ahora toca aprovecharse de las últimas declaraciones de los representantes de la ‘troika’ (Comisión Europea, FMI y BCE).
Aunque el miércoles se pusieron del lado de los sindicatos para rechazar su propuesta de reducir hasta un 10% los salarios en España a cambio de crear empleo, su programa real va en una línea parecida. En uno de los documentos aprobados en su asamblea general del pasado 18 de junio y remitidos luego tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la Ceoe ve «conveniente» que todos los sueldos tengan una parte variable, cuyo porcentaje dependería tanto de la situación general de las empresas como de sus resultados periódicos concretos.
A su petición de recortar los sueldos se une la posibilidad, ya apuntada estos días, de «imponer» a los empleados la conversión de su contrato de jornada completa en otro a tiempo parcial. Y es que, si bien en la Ceoe valoran la reforma laboral como «un paso sustancial en el proceso de modernización» del mercado español, «echamos de menos que no se haya potenciado abiertamente» la contratación a tiempo parcial, hasta el punto de convertirla en «alternativa» a la temporalidad. Sin embargo, en otro apartado del documento critica las, a su juicio, «severas limitaciones» que hay al empleo temporal en algunas modalidades, por ejemplo, en los contratos por obra o servicio y eventuales.
No reclama, no obstante, medida alguna que favorezca la contratación indefinida... salvo en los acuerdos a tiempo parcial donde pide que se amplíe la posibilidad de hacer horas extras, reduciendo incluso los plazos de preaviso o la opción de denunciarlas por el trabajador. Otra de sus preocupaciones es convertir el contrato por obra y servicio en uno más habitual y ello a pesar de defender con ahínco la necesidad de reducirlos a unos pocos. En la misma línea, reclama que el contrato de formación tenga igual consideración que uno de inserción y que pueda acceder al mismo cualquier trabajador que se haya visto afectado por «procesos de readaptación profesional» en sectores «en declive» o afectados por la crisis, por ejemplo, un veterano de la construcción. Además, pide que «todos» sus costes sociales sean sufragados por el Estado y que haya «mayor libertad» para extinguirlos.