El PNV acuerda con el Gobierno no subir los impuestos al diésel
Los nacionalistas vascos logran pactar otras tres enmiendas a los Presupuestos, Sepi incluido
La ministra Montero conversa con el portavoz del PNV. EMILIO NARANJO
El PNV es vanguardia en la negociación de los Presupuestos con el Gobierno. Los nacionalistas vascos ya han conseguido pactar cuatro importantes enmiendas de las 85 que ha presentado esta semana. Y una de ellas, prioritaria para esa fuerza política: la eliminación de la subida del diésel que plantearon las cuentas públicas y que generó desde el primer momento un fuerte malestar en las filas del PNV.
El portavoz del partido en el Congreso, Aitor Esteban, explicó ayer que si bien comprende la necesidad de avanzar en una fiscalidad verde, aplicar una subida al diésel en este momento de crisis «podría suponer la pérdida de muchos, miles, de puestos de trabajo». «Precipitar esta medida no es nada beneficioso», aseguró Esteban.
El Gobierno planteaba en el Proyecto de Presupuestos la subida del tipo estatal de los 30,7 hasta los 34,5 céntimos del litro lo que implicaba que habría continuado estando por debajo de los 40,07 céntimos que se aplican al litro de gasolina.
La tributación del gasóleo profesional y bonificado no sufrirían variación. Con todo, con estas modificaciones, el Ejecutivo preveía ingresos por valor de 450 millones de euros en 2021 y otros 50 millones en 2022. Tras el acuerdo, Hacienda deberá recortar las inversiones en una cantidad equivalente a la que pierde.
El FMI advirtió a España hace una semana de que si bien ha de mejorar la tributación medioambiental —el Gobierno se amparaba en este argumento, no en el ánimo recaudatorio— éste no es el momento de endurecer este tipo de impuestos, porque se encuentra entre los que más pueden penalizar a las rentas bajas, muy castigadas en la crisis.
A su vez, Esteban argumentó que «la industria y la industria del automóvil tienen muchas tareas que hacer por delante» y que la política tiene que «ayudar y acompañar para que esto sea así».
Además, el PNV ha arrancado al Gobierno la creación de un fondo dotado de 50 millones de euros para un plan renove de máquina herramienta y otros seis para el soterramiento del tren en Zorrotza, en Bilbao. También, la creación del contrato de formación dual universitaria para mejorar el aprendizaje y la empleabilidad de los estudiantes.
La incorporación al Proyecto de Ley de Presupuestos de estas enmiendas «permite», según Esteban, «continuar en la senda del entendimiento» con el Gobierno. Se allana su apoyo a las cuentas públicas. Aunque ello provocó una nueva fricción en el Ejecutivo: el portavoz de Transición Ecológica de Unidas Podemos en el Congreso, Juantxo López de Uralde, valoró que no subir el diésel, además de ser antiecológico, no va a ayudar a la industria en España.
El Ejecutivo no tiene atado aún el apoyo del PNV, cuyo voto final dependerá de la «evolución» de las conversaciones de los próximos días. Y entre las enmiendas aún no aceptadas de los nacionalistas vascos hay algunas de calado. Así, proponen la entrada de Euskadi en los órganos de dirección y de gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).
El PNV quiere que se garantice la participación de la autonomía también en las empresas participadas por la Sepi, dada la implantación que tienen en el territorio vasco. Además, piden la puesta a disposición de la comunidad vasca de los Paradores de Hondarribia, en Guipúzcoa, y el de Argomaniz, en Alava. Alegan que el estatuto otorga al País Vasco competencias exclusivas en turismo.
El Gobierno habrá además de granjearse el apoyo de otras fuerzas. Y una pieza clave puede ser ERC, que también recoge enmiendas que buscan aumentar las competencias de Cataluña. Así, Esquerra quiere que en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de los Presupuestos el Gobierno legisle para traspasar las competencias en políticas pasivas de empleo, prestaciones y subsidios de desempleo a la Generalitat, de tal manera que pasaría a gestionar integralmente las políticas de ocupación en su territorio.
Otra de las enmiendas de los republicanos ha generado más polémica: proponen la creación de una cuota estatal en el Impuesto sobre el Patrimonio cuyo rendimiento sea un ingreso del Estado no cedido a las comunidades autónomas. Detrás, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene bonificado al 100% este impuesto, ve al Ejecutivo central, porque éste quiere armonizar esta figura tributaria para todo el Estado. El PP ha advertido de que irá a los tribunales si la medida se incorpora a los Presupuestos.