Los precios se disparan y lastran el bolsillo de 16 millones de españoles

La primera liquidación del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘tasa Google’, se realizará entre el 1 de julio y el 2 de agosto de este año, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Hacienda publicada ayer en el BOE.

Esta primera liquidación, que debe realizarse exclusivamente por medios telemáticos, corresponderá a la actividad del primer trimestre, dado que la liquidación del nuevo tributo será trimestral. Si el pago se realiza mediante domiciliación bancaria, el plazo de presentación se extiende desde el 1 al 28 de julio de 2021.

La orden de Hacienda precisa que si en algún periodo de liquidación trimestral no resulta cuota a ingresar, el contribuyente está obligado igualmente a presentar la correspondiente declaraciónnegativa del impuesto, a efectos censales y registrales.

La norma establece también que en aquellos casos en los que elcontribuyente no hubiera conocido en el periodo de liquidación la base imponible, debe fijar la base con carácter provisional

En un año los precios se han dado la vuelta y han pasado de devaluarse a consecuencia de la paralización de la actividad por la pandemia a comenzar una escalada que les lleva a cotas que no se veían desde febrero de 2017.

El IPC de mayo cerró en el 2,7%, lo que significa que se paga de media por los alimentos y productos básicos un 3% más que un año atrás. Esto lógicamente tiene su impacto directo en el bolsillo de los españoles. Así, más de 16 millones de personas están perdiendo en este año poder adquisitivo. Se trata de colectivos como los pensionistas, los funcionarios o los trabajadores cubiertos por convenios, ya que en todos los casos han visto subir sus ingresos en 2021 menos de lo que lo están haciendo los precios, por lo que pueden comprar menos.

Así es para los cerca de nueve millones de pensionistas, que por el momento ven cercenado su poder adquisitivo en casi dos puntos. El Gobierno les subió este año un 0,9% sus prestaciones, en función de la inflación que tenían prevista, pero ya nadie considera que pueda cerrar en esta tasa, sino que estará más cercana al 2,2%, según la última estimación de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), que ayer mismo la revisó al alza.

Sin embargo, el Gobierno se ha comprometido a compensar a los jubilados la pérdida de capacidad de compra que tengan a final de año con una ‘paguilla’ que se les abonará a principios de 2022 con la diferencia. Así se lo comunicó también a la Comisión Europea en el plan de recuperación. Será presumiblemente la última ‘paguilla’ de la historia, puesto que a partir del año que viene la revalorización de las pensiones se hará cada ejercicio en función de la inflación media del año anterior, tal y como consta en el borrador de acuerdo sobre el paquete de medidas consensuadas con los interlocutores sociales que pronto verán la luz.

No tendrán esa suerte de recibir una compensación los más de 3,3 millones de empleados públicos que hay en España (según los últimos datos de la EPA). Ellos también comenzaron el año con un alza del 0,9% y, sin embargo, se encuentran con que no es suficiente para hacer frente a la subida de los precios. Esta pérdida se sumará a la que ya han tenido en la última década a consecuencia de la anterior crisis económica, cuando sufrieron una merma de más del 10% por los recortes y la congelación de nóminas. No será así en los próximos ejercicios, ya que, al menos hasta 2024, sus salarios volverán a crecer en función del IPC estimado, aunque haya otra crisis y pese a que supondrá esto una factura millonaria.

También tienen pérdida de poder adquisitivo, aunque menos, los trabajadores regidos por un convenio colectivo. Los más de 4,1 millones de asalariados que están cubiertos por este acuerdo pactado entre sindicatos y patronal tienen una subida media del 1,55%, lo que significa un recorte de ganancia real de más de un punto.