Diario de León

El presidente de la CEOE pide ser «muy duros» ante los «abusos» con el IMV

El Gobierno no descarta que las comunidades gestionen esta subvención

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. EP

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El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido ser «muy duros» ante los posibles «abusos» que se puedan cometer en las solicitudes del ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno, una medida a la que, según ha dicho, no se han «negado» pero que consideran que debería haber sido «coyuntural», hasta el mes de diciembre, y «no estructural».

Es fundamental trabajar en todo lo que pudiera ser saltarse la norma, en los planteamientos de abuso de la medida, ahí hay que ser muy duros, porque ayudaría más a la economía sumergida que es un gran problema en España. Pero la CEOE no solo no lo ha negado (el ingreso mínimo vital) sino que nos parece lo correcto», ha precisado Garamendi este martes 2 de junio en un debate virtual con el obispo auxiliar de Bilbao y economista, Joseba Segura, organizado por la Fundación Pablo VI.

En todo caso, Garamendi ha rechazado que se haya aprobado una medida «estructural» en «pleno Estado de Alarma». A su juicio, debería haberse aprobado una prestación con caracter «coyuntural», hasta «diciembre» y en enero «sentarse con más tranquilidad» para aprobar «con un consenso» una medida permanente. Asimismo, considera que el ingreso mínimo vital debe ir «orientado hacia la empleabilidad». «No solo dar peces sino dar la caña para que puedan pescar», ha ejemplificado el presidente de la CEOE.

Si bien, ha insistido en que «en ningún caso» se han planteado «decir que no» a esta prestación porque «hay que ayudar a los más vulnerables» y ha recordado las «colas de gente» a las puertas de oenegé como Cáritas.

A las Comunidades

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Real Decreto por el que el Gobierno ha aprobado el ingreso mínimo vital «no distingue» entre territorios y establece «un horizonte» en el que las comunidades autónomas y ayuntamientos que lo deseen puedan participar en la gestión de la prestación.

«Se establece solo una parte transitoria en relación con las comunidades forales por su especial régimen, pero se establece también el horizonte de que las CCAA que así lo manifiesten, puedan firmar un convenio con el Ministerio de la Seguridad Social, también los Ayuntamientos, para participar de esa fórmula de gestión a través del procedimiento que se articule a partir del 1 de enero de 2021. No hay ningún tipo de asimetría o diferenciación», ha precisado Montero este martes 2 de junio, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, la ministra y portavoz del Gobierno ha defendido que el texto del Real Decreto establece que las CCAA podrán acordar con el Ministerio de Seguridad Social «fórmulas de gestión» para la implementación «efectiva» de esta prestación y «no distingue entre Comunidades Autónomas».

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