jueves. 01.12.2022

La presión fiscal de las empresas españolas supera un 31% a la UE

Los altos impuestos de sociedades y patrimonio lastran al país al furgón de cola de la competitividad

La mayor carga fiscal resta competitividad a las empresas españolas y, por tanto, también a la economía del país. Es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) junto a la Tax Foundation que pone cifras al problema que desde hace años denuncian desde la patronal. Y que en los últimos tiempos ha vuelto a estar sobre la mesa ante medidas como las nuevas imposiciones a los dividendos o, más recientemente, el pacto del Gobierno con los sindicatos para incrementar las cotizaciones sociales como fórmula para rellenar la hucha de las pensiones.

Los datos son concluyentes. El indicador de presión fiscal empresarial efectiva en España —que incluye la imposición y las cotizaciones sociales a cargo de la empresa frente a un PIB neto de economía sumergida— es un 31% superior a la media de la Unión Europea.

El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, apunta de forma directa al impuesto de Sociedades como uno de los que más perjudica en la comparativa con otros países. Un tributo que cuenta con una presión fiscal normativa un 27,2% más elevada que la media de la UE y un 21,2% superior a la OCDE. En 2019, la diferencia era del 16%.

Costes y salarios

El informe incorpora otros elementos que evidencian la brecha entre la carga que soportan las empresas españolas respecto a las europeas. Es el caso de la cuña fiscal, que mide la diferencia entre el coste laboral que supone para la empresa tener un trabajador contratado y el salario neto final de dicho empleado.

La cifra en 2020 fue del 39,3% en España, por lo que el salario neto que finalmente recibe el empleado constituye el 60,7% del coste laboral. Además, compara con un 34,6% de media en la OCDE, siendo el país con la decimosexta cuña fiscal más elevada de los 37 analizados.

«Cabe destacar que el trabajador puede no ser consciente de la magnitud de estas cifras y desconocer la parte de su salario bruto que se destina al pago de impuestos y cotizaciones y que, por lo tanto, él no recibe en efectivo como compensación por su trabajo», indican los economistas.

«Se puede producir, en este caso, lo que se denomina ilusión fiscal, concepto según el cual el trabajador subestima la cantidad de impuestos que paga a la Administración», insisten.

Cotizaciones sociales

Desde el IEE explican que el hecho de que la cuña fiscal supere la media de la OCDE se debe a las cotizaciones sociales a cargo de las empresas, que son significativamente más elevadas en nuestro país, pese a que el Gobierno insiste en que hay margen para la subida. Así, en España las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de las empresas suponen el 29,9% del salario bruto, según datos de 2020, frente al 16,3% de media en la OCDE, por lo que nuestro país es el séptimo de un total de 37 con las cotizaciones a cargo de las empresas más elevadas.

Pérdida de posición

Bajo este escenario, la economía española ha retrocedido cuatro puntos hasta el puesto 30 en el Índice de Competitividad Fiscal desde 2019. Es decir, nos vamos al furgón de cola de los 37 países analizados. Muchos de ellos, según recuerda Fernández de Mesa, «han optado por rebajar impuestos y el peso de las cotizaciones sociales sobre los salarios durante la pandemia».

La institución también ha querido mandar un mensaje al Ejecutivo de cara a la futura reforma fiscal que verá la luz a partir del próximo febrero, cuando el comité de expertos presente sus propuestas para el texto.

«Hay que evitar medidas apresuradas», advierten. Y abogan por no tocar Sociedades y eliminar Patrimonio, basando la mejora de la recaudación en el incremento de las bases imponibles. Además, desde el think tank de la CEOE defienden que para cerrar el desajuste actual es crucial reducir la economía sumergida, que cifran en un 22% del PIB, frente al 13% en la UE.

En España se recauda el 35,4% del PIB total del país, pero ese porcentaje está pagado exclusivamente por el 78% de la actividad. Si la economía sumergida se pudiese reducir para que contribuyese el 87% de la actividad, la recaudación tributaria aumentaría más de cuatro puntos del PIB. Un paso más para financiar las políticas de gasto sin de recurrir a impuestos.

La presión fiscal de las empresas españolas supera un 31% a la UE
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