La reforma fiscal incluye nuevas figuras para favorecer la transición hacia las energías verdes
El consenso es absoluto. Ciudadanos, empresas y políticos tienen clara la urgencia de un cambio de modelo económico y social en el que el desarrollo mediante combustibles fósiles sea sustituido por otro de emisiones cero. La transición energética está en marcha. Pero el camino no será gratis. Goldman Sachs calcula que Europa necesitará movilizar 3,7 billones de euros hasta 2030 para electrificar su economía. Tampoco se avanzará tan rápido como se pretende. En un reciente informe, S&P Global estima que la solar y la eólica llenarán el vacío de las energías más contaminantes «de forma muy gradual».
Es decir, la dependencia de los precios mundiales del gas seguirá siendo importante en los próximos años. Algo que, de hecho, ya afecta de forma directa al bolsillo de los consumidores. Sin ir más lejos, en la factura de la luz. El coste de alcanzar un desarrollo sostenible también se verá incrementado por la nueva fiscalidad verde que desde hace años se intenta impulsar en Europa y que, en el caso español, el Ministerio de Hacienda quiere favorecer en su inminente reforma fiscal. «El objetivo primordial de la fiscalidad medioambiental no es recaudar, sino corregir determinadas conductas de los agentes económicos que producen externalidades negativas», indican los expertos.
Pero incrementar la recaudación también es clave para financar el proceso. Y más en países como España donde, según explica Javier Suárez, catedrático de Hacienda Pública en la ciudad de Oviedo, «los ingresos por impuestos ambientales apenas suponen el 1,85% del PIB frente a una media del 2,44% en la UE».
Con Bruselas presionando para una nueva directiva sobre la fiscalidad de la energía, es evidente que la reforma fiscal española tendrá que acatar ciertas normas comunes. Carlos Solé, socio responsable de energía en KPMG, indica que en Europa abogan por armonizar los tipos impositivos mínimos para los combustibles de calefacción y transporte con los objetivos climáticos y medioambientales, mitigando al mismo tiempo el impacto social de las medidas. «Las normas eliminarán las exenciones obsoletas en el transporte aéreo y marítimo y otros incentivos para el uso de fósiles, fomentando la adopción de combustibles limpios», añade.
El propio Plan de Recuperación del Gobierno establece que «las emisiones del transporte tienen en España un mayor peso relativo que la media europea (un 26,1% frente a un 21,7%)». Y en este punto llegarían medidas como el pago por uso en carreteras de alta capacidad, previsto para 2024, o una nueva tasa sobre los billetes de avión, cuya recaudación ascendería a unos 1.300 millones de euros anuales, según cálculos internos del Ejecutivo. Los cambios de conducta también se pretenden con dos impuestos: el que gravará los envases de plástico y el impuesto al depósito de desechos en vertederos, que ahora corre a cargo de las autonomías.