El rescate de las autopistas de peaje en quiebra encalla en los tribunales

j. a. bravo | madrid

Siete años y medio han pasado desde que entrara en quiebra la primera autopista de peaje en España y aún no se ha resuelto un conflicto que amenaza con quebrar los cálculos presupuestarios del Gobierno cuando finalice. El Estado asumió en febrero el control de la última de las nueve vías de pago que se declararon en concurso de acreedores durante la crisis —la mitad en Madrid y que suponen una quinta parte de la red de pago, con 570 kilómetros—, y la indemnización a las empresas que tenían sus derechos puede ascender hasta 3.305 millones de euros, prácticamente el 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) y unas décimas importantes para el déficit público.

Esa sería la cantidad máxima que el Ejecutivo daría como resultado de aplicar su «acuerdo de interpretación del método para calcular» la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), esto es, el importe que por ley el Estado ha de pagar a la concesionaria de una infraestructura cuando recupera su control antes de lo convenido. Para ello se considera, fundamentalmente, la inversión que realizó en su construcción y que no le dio tiempo a amortizar durante el tiempo que pudo explotarla. Pero hay más factores a tener en cuenta, por lo que ese cálculo podría recortarse.

Aunque el cálculo definitivo de la RPA debería haber estado a finales de verano, al cumplirse seis meses desde que se dictaron la mayoría de las resoluciones judiciales de liquidación de esas vías, fuentes gubernamentales admiten que el proceso puede demorarse aún «bastante tiempo, al menos medio año más». Y es que, además de los prolijos cálculos a realizar, hay pleitos que se encuentran sin resolver.