El salario mínimo europeo encuentra resistencia en los nórdicos y en el Este

El Ejecutivo de Bruselas ha abierto esta semana el melón del salario mínimo europeo partiendo de una premisa que ha de quedar clara desde del principio: el objetivo no es fijar una cuantía idéntica en los Veintisiete (el informe lanzado ya no cuenta con Reino Unido), sino conseguir que llegue a articularse en todo el territorio un salario suelo «justo y digno» que se mueva en el umbral del 60% de las retribuciones medias en cada Estado miembro.

La otra precisión de partida es que el asunto va para largo. Lo que ha hecho la Comisión Europea es abrir un periodo de consultas con los interlocutores sociales (empresas y sindicatos). Durará seis semanas. Quiere saber si cuenta con su apoyo para meterse de lleno en una negociación. Pero aún habrá una siguiente fase. Al menos hasta septiembre, cuando se prevé que pueda presentar un texto legislativo.

Así que podría decirse que estamos en los preliminares; ni en la casilla de salida. Por delante quedan muchos meses (quizás más de un año) y discusiones complejas de resultado incierto que obligarán a la presidenta de la Comisión, Ursula von del Leyen, y su equipo a mantener un pulso con las capitales y tirar de hilo quirúrgico para atar algo vendible a la Eurocámara.

La referencia del 60% coincide con el compromiso del nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para la legislatura. Pero encuentra mucha resistencia en países a los dos extremos de la tabla de retribuciones.

En los nórdicos (Dinamarca, Finlandia o Suecia) son los sindicatos los que temen que una orientación comunitaria lleve a los empresarios a tirar a la baja unos salarios mínimos que se encuentran en la cima de la UE. La Comisión ya les ha dicho que no les impondrá su tesis. Y en el Este, el temor de sus gobiernos está en el efecto subida de los costes de mano de obra (hoy por debajo de la media), que aminoraría su competitividad. En definitiva, lo que otros miembros del club percibieron como ‘dumping’ laboral o social en la última recesión, cuando muchas industrias (varias del sector de la automoción) buscaron en países como Eslovaquia o Rumanía mano de obra barata.

Así que Von der Leyen ha tocado en hueso. De entrada porque los tratados limitan mucho el papel de Bruselas cuando se trata de política laboral —le obligará a establecer criterios escrupulosos para evitar demandas ante la Justicia europea—. Y porque el mapa del salario mínimo en el club es muy heterogéneo.