Diario de León

«El salario mínimo podrá llegar hasta los 1.047 euros en 2023»

Yolanda Díaz. KIKO HUESCA

Yolanda Díaz. KIKO HUESCA

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Mucho antes que política ya era sindicalista, desde la cuna. Hija y sobrina de históricos dirigentes de CC OO, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reivindica que los trabajadores no deben volver a ser los grandes perjudicados en esta nueva crisis.

—El mercado laboral había resistido hasta ahora, pero comienza a notarse una cierta ralentización. ¿Se acusará en los próximos meses?

—Las estimaciones son complicadas, porque es muy difícil predecir la evolución del conflicto bélico, el factor fundamental que genera los efectos sobre la economía y sobre el mercado de trabajo. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que todos los mecanismos tienen que estar perfectamente engrasados para que el empleo resista. A diferencia de la EPA, los datos que conoceremos este miércoles sobre el empleo son muy positivos tanto en contratación como en datos registrados. En contratación son espectaculares y muestran que de nuevo el desempleo resiste frente a las dificultades económicas. Y este es el principal cambio que ha producido nuestro mercado de trabajo: que ha dejado de ser pura volatilidad. En términos normales, un conflicto como la invasión de Ucrania habría generado una pérdida masiva de puestos de trabajo. Lo que ha ocurrido en la EPA, en definitiva, no es más que un efecto que está vinculado normalmente al primer trimestre, es estacional y siempre se produce.

—¿Sopesan algún tipo de medida que ayude al empleo a aguantar los envites de la inflación y la guerra?

—Las medidas ya están en marcha. El Gobierno se ha anticipado a los posibles efectos de la guerra y agilizó la puesta en marcha de los ertes a través de la constitución del fondo RED y de todos los instrumentos que están plenamente vigentes, a los que las empresas pueden recurrir con total cobertura. La gran enseñanza de protección del mercado de trabajo durante la pandemia está ya incorporada como consecuencia de la reforma laboral. Tanto los elementos que tienen que ver con la ruptura de la cadena de suministros como las eventuales dificultades de mantener la producción por falta de materias primas se pueden resolver a través de los mecanismos de erte, con un altísimo grado de protección social.

—¿Y junto a ello?

—El Gobierno ha tomado más medidas en el mercado de trabajo, como limitar y prohibir los despidos para que ni los precios energéticos ni las empresas que recurran a los erte puedan prescindir de de trabajadores. Por lo tanto, hay medidas muy importantes sobre la mesa para que el mercado de trabajo también en esta crisis sea resiliente y no genere despidos ni pérdida de puestos de trabajo.

—El impacto de la reforma laboral está siendo rápido y la tasa de temporalidad ha bajado, pero sigue resultando muy elevada. ¿Cómo le gustaría que fuera el ritmo de reducción en este año y los siguientes?

—Nuestro país se acerca ya a los estándares europeos. Nos gustaría, naturalmente, que fuera el ritmo de reducción de temporalidad que lleva produciéndose durante estos primeros tres meses del año y que veremos también en el cuarto. Es un ritmo muy vertiginoso, incluso yo misma estoy sorprendida sobre cómo las empresas han anticipado ya los efectos de la reforma laboral aun en período de ‘vacatio legis’, es decir, de adaptación. La dinámica es claramente ascendente, pasando de una media histórica que estaba entre un 8% y un 10%, a después de la reforma con un 15%, llegamos a un 22%, nos situamos por encima del 30% en marzo y confío en que en abril superemos ampliamente esa cifra. Con ese ritmo de reducción, la tasa de temporalidad va claramente convergiendo cada vez más con las medias europeas. Ese era el objetivo de esta reforma, dejar de ser la anomalía española.

—Sindicatos y empresarios están bloqueados en la negociación de la subida salarial, al tiempo que el pacto de rentas parece que se ha quedado en un titular. ¿No valora el Gobierno impulsar un acuerdo?

—La posición del Ministerio es, como ya he repetido en muchas ocasiones, que no puede ser la devaluación salarial de trabajadores y trabajadoras la que asuma, una vez más, el coste de la crisis. Es una política equivocada la que se ha seguido durante años en nuestro país y no podemos volver a caer en el mismo error. De todas formas, el Gobierno respeta el diálogo entre las partes, y este diálogo ocupa a las organizaciones empresariales y sindicatos.

—¿La subida del salario mínimo para 2023 estará en línea con la inflación?

—Siempre hemos defendido que la inflación y el salario mínimo no son variables que tengan necesariamente que ir de la mano. De hecho, desde 2018 ha subido mucho más que la inflación, un 36%, pasando de 735 euros a 1.000 euros. Nuestro gran objetivo es cumplir con los estándares internacionales, que lo fijan en ese 60% del salario medio y así lo aconseja el informe de los expertos, que señala que para 2023 podrá llegar hasta los 1.047 euros.

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