La subida de las pensiones está en el aire por la parálisis política
lucía palacios | madrid
Faltan menos de cuatro meses y los pensionistas no saben cuánto cobrarán en enero. El temor a sufrir de nuevo una ‘cuasi’ congelación está en el horizonte. Si la subida del 0,25% se creía ya superada una vez que todos los partidos políticos aceptaron volver a una revalorización en función del IPC real -como así suscribieron en el Pacto de Toledo, aunque finalmente el acuerdo saltó por los aires y no llegó a ver la luz-, ahora, con un gobierno en funciones y sin muchas posibilidades de que la situación cambie en el corto plazo, la posibilidad de perder poder adquisitivo está encima de la mesa.
El Gobierno quiere «evitar» esto a toda costa y, pese a que su versión oficial es que no contempla otro escenario de elecciones y confía en poder constituirse formalmente, llegado el caso, baraja plantearse «otras alternativas», puesto que para los socialistas la «peor solución» es que los jubilados comiencen enero con una pérdida de poder adquisitivo, según explicaron fuentes de Moncloa a este periódico. Pero en teoría, y salvo que haya alguna medida en contra, los más de 8,8 millones de pensionistas están abocados a que sus prestaciones suban en enero apenas 2,5 euros de media, con lo que estarían perdiendo casi un punto de poder de compra, si se tiene en cuenta que la previsión del Gobierno es que 2019 termine con una inflación del 1,2%.
Así lo establece la ley, puesto que para el próximo año volvería a estar vigente la reforma de las pensiones de 2013 aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que introdujo un nuevo índice mediante el cual condenaba a los mayores a una subida del 0,25% mientras el sistema esté en números rojos. Durante los dos primeros años de aplicación la inflación fue negativa y no hubo pérdida de poder adquisitivo, pero en 2017 los jubilados vieron cómo bajaba un 1,75% su poder de compra. Esto generó una movilización sin precedentes y durante meses miles de ciudadanos salieron a las calles a reivindicar unas pensiones dignas. Es más, en el País Vasco siguen concentrándose cada lunes y ya hay convocada una gran manifestación en Madrid 16 de octubre. Por esto, el PNV, a cambio de sus votos para los Presupuestos de 2018, obligó al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a dejar en suspenso la reforma de las pensiones y aprobar una revalorización del 1,6% con carácter general y del 3% para las pensiones mínimas para los ejercicios 2018 y 2019. Incluso el Gobierno de Pedro Sánchez dio un paso más allá y aprobó por decreto compensar a los pensionistas con una ‘paguilla’ (tal y como la denominó la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio) en enero para actualizar las prestaciones al 1,7%. Se basaron en una nueva fórmula que utilizaba para el cálculo la media del IPC de los doce últimos meses (de diciembre a noviembre), en lugar del dato de noviembre. Pero no se atrevieron a incluir este nuevo índice en su real decreto de final de año en el que aprobaron la subida del 1,6% para 2019 y se limitaron a comprometerse a encontrar un mecanismo que permitiese la actualización en función de los precios en el plazo de seis meses, algo que no se ha cumplido una vez que se convocaron nuevas elecciones.
Por eso la incertidumbre en este tema: ¿es posible aprobar antes de final de año una revalorización en función del IPC si hay nuevas elecciones? En este escenario parece muy difícil que antes de enero dé tiempo a que se constituya el nuevo Ejecutivo, por lo que esta decisión tendría que tomarla un gobierno en funciones. Y aquí es donde se plantea el conflicto. En ese caso, la única posibilidad que tendría es que lo hiciera a través de un Real Decreto Ley, que después la Diputación Permanente del Congreso tendría que convalidar en el plazo de un mes, ya que no puede hacerse mediante la vía de la proposición de ley porque las Cortes estarían disueltas y porque sería más lento.