La subida del SMI, penúltimo choque económico en el Gobierno

Una vez superado el trámite de los Presupuestos del Estado en el Senado, los dos socios del Gobierno de coalición han aireado, cada vez con más ruido, sus discrepancias precisamente en muchos aspectos económicos de alta sensibilidad para PSOE y Unidas Podemos: el salario mínimo, las pensiones, los desahucios y los cortes de luz. Se trata -junto con la derogación de la reforma laboral- de los temas más espinosos sobre los que los ministerios habían dejado claras unas diferencias que se han agravado públicamente a las puertas de otro Consejo de Ministros.

La subida del SMI se ha convertido en el último caballo de batalla entre los departamentos que defienden un alza, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como abanderada, y los que prefieren mantener la prudencia en un momento de dificultad económica para las empresas, como ha indicado recientemente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Este mismo martes, mientras en el Ministerio de Trabajo se mantenía una primera reunión con los agentes sociales para negociar un acuerdo para subir este indicador, la ministra portavoz, María Jesús Montero, pidió «prudencia» y abogó por tener «muy presentes las circunstancias» económicas actuales para tomar estas decisiones, ya que el objetivo es «seguir impulsando el crecimiento económico y conteniendo el aumento del paro».

Lo que sí aseguró de forma «rotunda» Montero en rueda de prensa es que el Gobierno mantiene vigentes los compromisos laborales recogidos en el acuerdo de investidura, entre los que, además de elevar el salario mínimo al 60% del salario medio a final de legislatura, está la derogación de la reforma laboral, otra cuestión que divide al Ejecutivo. Es más, la polémica saltó la semana pasada al enfriar el propio presidente, Pedro Sánchez, la contrarreforma al condicionarla a que haya acuerdo social. Los compromisos del Gobierno cuando menos se retrasan y así lo dejó entrever Montero, ya que volvió a pedir «prudencia» a la hora de ponerlos en marcha para «acompasarlos al momento económico y no provocar efectos no deseados». Y puso de ejemplo también que se hayan retrasado algunas medidas en materia fiscal.

Ampliar el periodo de cotización

Las pensiones es otro tema que está provocando tensiones en el seno del Gobierno. A Unidas Podemos no le ha gustado nada la propuesta que hizo Escrivá de ampliar a 35 años el periodo de tiempo para calcular la pensión, ya que supone, casi siempre, una cuantía menos generosa. Y esto parece ser solo la punta del iceberg de más desencuentros que puede haber en lo que atañe a la reforma del sistema de Seguridad Social que se pretende acometer el próximo año.

También han saltado chispas en la coalición alrededor de la paralización de los desahucios. Unidas Podemos pactó con ERC y Bildu la inclusión de una enmienda en los Presupuestos para prorrogar y ampliar la paralización de los lanzamientos para que su duración coincida con la del nuevo estado de alarma (en principio, hasta el 9 de mayo de 2021). El acuerdo al que llegaron Unidas Podemos y el PSOE para adoptar medidas en un plazo de quince días llevó a una retirada ‘in extremis’ de la enmienda.