Diario de León

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e. martínez | madrid

La llegada de la ‘tasa Google’ está generando oposición, y no solo en el mundo empresarial. Es preocupante la reacción del Gobierno de EE UU, donde Trump tras enterarse de que Francia ha aprobado su impuesto a las tecnológicas ha decidido imponer nuevos aranceles a productos importados del país galo por el 100% de su valor. El presidente teme que las grandes empresas estadounidenses (Amazon, Facebook o Google, entre otras) pierdan su actual fuerza.

No es el único que está alerta sobre la aprobación en España de este gravamen del 3% dirigido a las multinacionales que se dedican a la venta de datos del usuario y publicidad online y que facturan más de 3 millones de euros en nuestro país y más de 750 a nivel global. El Ejecutivo confirmó esta semana que su intención, si logra salir de su interinidad, es recuperar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (conocido como ‘tasa Google’), que aunque aprobó en Consejo de Ministros en enero de 2019, su tramitación quedó paralizada por la convocatoria de elecciones.

Así, a pesar de que la OCDE prepara una ‘tasa Google’ para los 134 países miembros que prevé aprobar en la segunda mitad de 2020, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que aplicarán su propio impuesto «en cuanto sea posible» y después lo adecuarán al que apruebe la OCDE a nivel global.

Esta idea es rechazada por los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) porque consideran que la fijación unilateral en España supondrá que las empresas repercutan esta tasa en los consumidores subiendo los precios de sus servicios y productos, lo que a su vez afectará al PIB nacional. Así lo señaló Jorge Onrubia, investigador de la Universidad Complutense de Madrid y asociado a Fedea, que subrayó que las decisiones impositivas sobre la economía digital «no deben adoptarse de forma individual», sino esperar a una solución a nivel europeo.

En un informe realizado conjuntamente con la consultora PwC, los expertos advierten de que la ‘tasa Google’ puede tener un impacto sobre los beneficios de las empresas españolas entre los 450 y los 562 millones de euros, que repercutirán en los consumidores, que sentirán un impacto de entre 516 y 665 millones de euros. «La unilateralidad hace más probable que Amazon no soporte el impuesto y lo repercuta en usuarios, además nos pone en una situación de desventaja», señaló durante la presentación del informe en Madrid el director de PwC, Jordi Esteve.

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