Una tercera parte de los jóvenes no puede emanciparse por el «escandaloso» precio de los pisos, según el CES

Los efectos del tradicional movimiento de fondos opacos en la sociedad, acrecentados durante el 2001 y el primer semestre del 2002 por el cambio de la moneda oficial, eran sospechados desde hace tiempo pero hasta ahora no habían sido vinculados de forma directa con la escalada de costes dentro del mercado inmobiliario. El director general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Fernando Nasarre, lo hizo de manera implícita en el marco de la presentación del informe elaborado por el Centro Económico y Social (CES) sobre la emancipación de los jóvenes y la situación de la vivienda en España, bastante critico con las administraciones públicas. Nasarre, como ya hiciera entre cierta polémica el propio ministro de Fomento, Francisco Alvarez-Cascos, apuntó como motivo del encarecimiento de los pisos la «mayor bonanza económica y de creación de empleo, que ha disparado la demanda», junto a la «mejora» en las condiciones de las hipotecas. Pero, sin duda, las causas más llamativas de esa subida serían la conversión definitiva de la vivienda en «un bien de inversión» tras el «desplome» de las Bolsas, y la llegada del euro, que hizo aflorar rentas hasta entonces ocultadas al fisco. El trasvase de fondos por la crisis bursátil, ya se trate de los ya existentes o de futuras aportaciones, también fue apuntado por promotores y constructores como un hecho que ha incrementado los precios de las casas. A ello se añade que muchas adquisiciones de vivienda especulativas no salen al mercado y se convierten en inmuebles vacíos (un 15% del total en España), algo que va a ser penalizado ahora fiscalmente. Más alquiler Como remedio al problema, tanto el Gobierno como los agentes sociales coincidieron en que el fomento de las políticas de alquiler de pisos, factor decisivo para propiciar la movilidad laboral demandada por los empresarios, y la construcción de más inmuebles de protección oficial serían dos buenas recetas para paliar el «excesivo» incremento de los precios que, según datos de Fomento, fue del 120% entre 1996 y 2002 frente al 225% entre 1987 y 1995. Nasarre reconoció que España apenas tiene un 12% de viviendas arrendadas, el nivel más bajo de toda la Unión Europea, lo que achacó sobre todo a la falta de promoción de este tipo de moradas «a precios asequibles». El alquiler es la solución preferida por el 60% de los jóvenes, familias con recursos limitados e inmigrantes que buscan casa. En la actualidad sólo el 34 por ciento de los menores de 30 años puede acceder a su primera vivienda, dados los elevados precios y la precariedad laboral, lo que retrasa su emancipación. Según los datos del CES, una pareja de esas características debe dedicar una tercera parte de sus ingresos durante 25 años para lograr un piso en propiedad, cantidad que se duplica para una sola persona. Además, el tiempo de ahorro necesario para conseguir la entrada de una casa y la parte de la hipoteca no financiada es de 11 años. El problema de la vivienda se acrecienta en los jóvenes porque, según los sociólogos, la curva de la demanda es ahora especialmente elevada ante la llegada al mercado de la generación del «baby-boom», nacida en los últimos años de la etapa franquista. Ley socialista El PSOE aplicará su propio modelo alternativo de Ley del Suelo en aquellas comunidades autónomas donde gobierna si mañana no se alcanza un consenso en la Conferencia Sectorial de Vivienda, donde el Gobierno pretende lograr un «acuerdo de mínimos» para firmar un pacto de Estado que frene el incesante aumento de los precios en el sector. Los socialistas, que creen que las normas aprobadas por el PP desde el Ejecutivo han «fracasado», defienden un modelo intervencionista contrario a la liberalización, que fije nuevos criterios de valoración de los terrenos. La propuesta del primer partido de la oposición, que traducirán en una proposición de ley que aprobará en breve su Comisión Ejecutiva, fue defendida ayer por la secretaria de Vivienda del PSOE, Cristina Narbona, como «una iniciativa innovadora contra la especulación». Más vivienda social, fomento del alquiler y rehabilitación de los centros urbanos son algunas de sus ideas. Entre las medidas propuestas desde las filas socialistas destacan el aumento notable de las viviendas de protección oficial, ya que se obligará a cada comunidad autónoma a dedicar a esa finalidad social, al menos, una cuarta parte del suelo incluido en su planeamiento urbanístico. En el caso de que se trate de terrenos de titularidad pública, la reserva de los mismos para la construcción de pisos subvencionados será total. Además, se ampliarán los criterios de expropiación y se penalizará a los especuladores.