Las ventajas en la jubilación de miles de parados se despejan hoy

Faltan apenas unas horas para que tenga lugar el último Consejo de Ministros del año, uno de los más esperados porque tradicionalmente se aprueban decisiones de tal calado como la revalorización de las pensiones, la subida del SMI o el encarecimiento de las cotizaciones sociales para el nuevo ejercicio.

Así, los casi nueve millones de pensionistas seguirán con atención el devenir de la última reunión ministerial, pero con mayor atención si cabe lo harán los miles de prejubilados que confían en que el Gobierno les prorrogue el derecho a acceder al retiro con las condiciones anteriores a la reforma de las pensiones de 2011.

Esta reforma aprobada durante la legislatura de Zapatero supone un endurecimiento progresivo de las condiciones de acceso a la jubilación, de modo que se retrasa la edad legal y se restringe el acceso al retiro anticipado, con medidas tales como la ampliación de los periodos de cotización necesarios para poder jubilarse con el 100% y el aumento de los años de cotización que se utilizan para calcular la cuantía de la pensión.

Reducción económica

Una decisión que no es baladí, ya que, de no aprobarse, les podría reducir su futura nómina como pensionista hasta un 30%. Desde el Ministerio de Trabajo explicaron a este periódico que llevarán esta propuesta de prórroga al Consejo de Ministros, aunque no confirmaron que se apruebe porque —precisaron— «aún está en fase de revisión».

No hay cálculos del número concreto, pero desde los sindicatos hablan de «miles» de personas. Se trata principalmente de aquellos trabajadores de grandes empresas como Telefónica, Banco Santander, Renault, Iberia, Bankia, que se acogieron a los despidos colectivos en plena crisis económica con el compromiso de que sus condiciones de bajas voluntarias y su futura jubilación no se modificarían pese a que la ley así lo hiciera; es decir, que accederían a la pensión de jubilación con la legislación anterior, que es mucho más ventajosa, siempre que los desempleados estuvieran en paro hasta llegar a la jubilación. Unos beneficios que, si no se aprueban en el Consejo de Ministros, se les termina. Es la conocida como ‘cláusula de salvaguarda’, una garantía legal que se recogió en la reforma aprobada en 2011 y blindaba con carácter indefinido de los nuevos criterios de jubilación establecidos en ella a los trabajadores que se quedaron sin empleo de manera individual antes de la publicación de esta ley, así como a los que salieron de sus puestos en despidos y acuerdos colectivos.