Jamón dividido

El jamón serrano español avanza hacia su reconocimiento como Indicación Geográfica Protegida (IGP), en sustitución de la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), pero dentro del propio país hay división sobre la conveniencia de que suba un escalón en el rango de las figuras de calidad. Una controversia que se ha visto claramente en la fase de participación pública a la que se ha sometido en España el pliego de condiciones para conseguir la IGP porque ha sido el momento en que Origen España, la asociación que aglutina a las denominaciones de origen (DOP) e IGP, ha presentado un escrito de alegaciones de oposición. Cabría preguntarse por qué una parte del sector alimentario español se opone a ello si, a primera vista, supone un incremento en las figuras de calidad que reconocen a los alimentos nacionales. La realidad es que hay intereses enfrentados: por un lado, los de las 200 industrias jamoneras, que fabrican 18,6 millones de piezas al año (según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), que han liderado este proceso y buscan mayor seguridad jurídica del producto; y por otro, las de industriales, especialmente los amparados bajo la IGP Jamón de Trevélez (Granada), que creen que se devalúa la imagen de estos sellos.