viernes 20/5/22

Greenpeace reclama un «marco jurídico claro y contundente» que respalde las medidas de reducción del tráfico en las ciudades —como las zonas de bajas emisiones—tras la serie de sentencias con que varios tribunales han tumbado iniciativas de ayuntamientos como los de Barcelona, Madrid, Valladolid o Gijón. En la provincia preparan medidas los equipos de gobierno de León o Ponferrada. La ong exige al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) «una Ley de Movilidad que anteponga la movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público frente al abuso del coche en la ciudad», según Adrián Fernández, responsable de Movilidad de Greenpeace. Los ecologistas han expresado esta demanda días después de que en la ciudad asturiana de Gijón un juzgado haya ordenado «restituir el tráfico rodado de forma permanente» en el Paseo Marítimo, donde se había peatonalizado una de las calzadas. La exigencia llega también después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anulara la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona.

Movilidad ‘ilegal’
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