Diario de León

UGT ve "intolerable" el plan de la Junta

La secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO CyL, Yolanda Martín (i), y la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT CyL, Victoria Zumalacárregui (d), en una imagen de archivo. NACHO GALLEGO

La secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO CyL, Yolanda Martín (i), y la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT CyL, Victoria Zumalacárregui (d), en una imagen de archivo. NACHO GALLEGO

Publicado por
J. A. M.
León

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La secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT Castilla y León, Victoria Zumalacarregui, considera "intolerables" las nuevas medidas anunciadas por la Junta para los procesos de interrupción voluntaria del embarazo porque, con ellas, se asiste "a un nuevo ataque inadmisible a los derechos de las mujeres de esta comunidad autónoma".

Según un comunicado, la crítica desde UGT se centra en que "todas las medidas acordadas en el Consejo de Gobierno, que implican y comprometen a las personas profesionales sanitarias, con la complicidad e implicación de la Consejería de Sanidad, no son más que un conjunto de trabas para impedir ejercer este derecho a las mujeres que, en libertad y criterio propio, toman sus propias decisiones".

Para Zumalacárregui, "es inaudito y un atraso terrible que atenta contra los derechos humanos de las mujeres castellano y leonesas; un paso más de extrema gravedad que viene a formar parte de la política reaccionaria, negacionista y ultraderechista del que se ha contagiado la Junta de Castilla y León".

Desde el sindicato consideran que se trata de una situación de "acoso y de coacción" y no están "dispuestos a tolerarlo".

Para UGT, el gobierno autonómico debería garantizar los derechos de toda la ciudadanía, y "velar por prestar unos servicios sanitarios públicos y de calidad que permitan a las mujeres abortar en las mejores condiciones de salud, que eliminen todo riesgo".

Recuerdan que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 20 de marzo de 2007, y tal como se ha regulado en la Ley y demás normativa de aplicación, la Administración autonómica ha de dedicarse "a garantizar la seguridad jurídica de la mujer embarazada que desee abortar y no limitar, obstaculizar o impedir las posibilidades reales de realizarlo".

Por lo tanto, según Zumalacárregui, "el gobierno de PP-Vox de Castilla y León debe acatar la ley, porque, con estas medidas están bordeando el delito, un delito de acoso y coacción a las mujeres tipificado en Código Penal".

Asimismo, el comunicado de prensa de UGT exige la "garantía del presupuesto necesario y suficiente que garantice el ejercicio del derecho al aborto en libertad". 

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