El abogado despedido entregará al juez las pruebas de los pagos en B de Podemos
agencias | madrid
La crisis abierta en Podemos por sus presuntas irregularidades financieras tiene visos de acabar en los tribunales. El abogado del partido despedido esta semana tras denunciar sobresueldos en la cúpula morada anunció ayer que llevará ante el juez las pruebas sobre la supuesta existencia de pagos en B. José Manuel Calvente aseguró que su principal objetivo ha sido siempre «el cumplimiento de la ley» y por eso no dudará en poner toda la documentación que está en sus manos a disposición de la Justicia.
El letrado respondió así a Pablo Iglesias, que este viernes le retaba a acudir a los tribunales si tiene algo que denunciar. El líder de Podemos justificó su despido por causas disciplinarias tras un expediente abierto por acoso a una subordinada dejando en el aire que se trata de una venganza contra su antiguo partido por cesarle. «No existe ningún expediente ni ninguna denuncia interna por acoso sexual», se defendió Calvente en una entrevista en la Cope.
El abogado incidió en que la acusación de acoso sexual es «rotundamente falsa» e insistió en que se trata de un «vil montaje» de Podemos contra su persona. Calvente no descartó que la dirección morada vaya a montar ahora un expediente falso y advirtió que no se quedará de brazos cruzados. El letrado preparará ya una querella por calumnias contra tres altos cargos, el secretario de Organización, Alberto Rodríguez, la diputada Ione Belarra y la gerente, Rocío Val, a los que acusa de crear «pruebas falsas».
Según detalló el abogado, tanto él como su compañera, Mónica Carmona, se negaron a avalar los tejemanejes internos de Podemos y el partido les enseñó el camino de salida. «Nos convertimos en personas peligrosas para Podemos y nos cesan», aseveró.
Las irregularidades que ambos letrados denuncian irían desde el cobro de sobresueldos a intentos de manipular las consultas internas. Desde la dirección del partido niegan las acusaciones y se muestran convencidos de que no se podrá probar nada.
El abogado, que trabajaba para Podemos desde 2014, niega todos los hechos e insiste en denunciar una persecución desde hace meses después de haber intentado aclarar algunas irregularidades que se detectaron tras recibir varias denuncias internas sobre contratos o despidos.
Entre ellas, menciona también la existencia de «sobresueldos» no regulados en Podemos e «indicios de criminalidad» en algunas actuaciones de la formación morada que requerían «corrección», como la «manipulación de las primarias para beneficiar a determinados candidatos» o el incumplimiento de la normativa de protección de datos.
Desde la dirección morada desmienten tajantemente esas acusaciones e insisten en que se ha producido «un despido por acoso sexual y laboral a una trabajadora».
Los problemas en Podemos no acaban aquí. El viernes once miembros del consejo ciudadano autonómico en Baleares, entre ellos Laura Camargo, Balti Picornell y Aligi Molina, anunciaron en un escrito su dimisión ante «la deriva errática de la dirección» y por su «subalternidad y obediencia al PSOE».