Anticorrupción logra acuerdos individuales para señalar a Cotino
Salvo presidente de la Generalitat, Juan Cotino lo ha sido todo en la política de la Comunidad Valenciana. Concejal, delegado del Gobierno, consejero, vicepresidente regional y presidente de las Cortes autonómicas. Siempre bajo las siglas del Partido Popular, cuyo expresidente José María Aznar también le dio su confianza para dirigir la Policía Nacional entre 1996 y 2002.
Nacido en Valencia hace 70 años, este empresario agrícola de profundas raíces religiosas quedó marcado como tantos otros compañeros de su partido tras su imputación en los casos de corrupción del PP en noviembre de 2014. Fue investigado en la pieza de la rama valenciana referida a la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Un macroevento que reunió a miles de personas y que puso el colofón a ese periodo de vino y rosas en plena burbuja de gasto público.
Doce años después de aquel encuentro mundial de la familias y seis de abrirse la causa, la Audiencia Nacional juzga desde este lunes y hasta el próximo junio a 22 procesados. Deberán responder por el desembolso de más de 7 millones de euros en la contratación de las pantallas y megafonía a una sociedad vinculada al llamado grupo Correa, el cabecilla confeso de la corrupción y cuya adjudicación permitió el reparto entre varios acusados de 3,3 millones.
El atasco de asuntos en la Sala de lo Penal ha demorado en exceso el comienzo de esta vista oral, ya que el juez instructor José de la Mata concluyó la investigación hace cuatro años tras ver indicios de delitos de asociación ilícita, prevaricación, blanqueo de capitales y contra la Hacienda. La Fiscalía pide elevadas penas de prisión, hasta 40 años, e importantes multas a los principales acusados: Francisco Correa, el que fuera su número dos Pablo Crespo, Alvaro Pérez ‘el Bigotes’, enlace de la red en Valencia, el exdirector de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García o Cotino. El juicio contará además como testigos con el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y varios miembros de la Archidiócesis de Valencia.
La principal novedad son los movimientos extraprocesales de la Fiscalía y varias de las defensas para alcanzar un acuerdo. Se trata de negociaciones individuales y el objetivo es que los procesados reconozcan los hechos y abonen la responsabilidad civil a cambio de una rebaja sustantiva en la petición de penas. Una estrategia que señala a Cotino.