Anticorrupción pide 38 años de cárcel por un proyecto fallido de Aguirre

El Campus de la Justicia de Madrid (CJM), uno de los grandes proyectos fallidos del Gobierno de Esperanza Aguirre, cuyo importe de contratación se elevó a los 355 millones de euros en el periodo 2005-2015, ya conoce las peticiones de pena de la Fiscalía Anticorrupción. En su informe provisional, reclama ocho años de cárcel para el exconsejero autonómico Alfredo Prada y seis años para otras cinco personas, entre ellos el inspector jefe de la Policía Nacional Andres Gómez Gordo, por las supuestas irregularidades cometidas en diversos contratos del plan.

A los seis procesados se les atribuye delitos continuados de prevaricación en concurso ideal con malversación de caudales públicos, y de forma alternativa un delito continuado de fraude a la Administración Pública.

La empresa pública CJM se constituyó en 2005 para desarrollar y ejecutar el proyecto de Campus de la Justicia, que tenía por finalidad construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales autonómicas. Finalmente no se acabó y quedó en situación de abandono cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones.

Junto a Prada, presidente y consejero delegado de CJM en la etapa objeto de esta acusación, dentro de la estructura directiva de la sociedad se encontraban los acusados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano Sanz Piñar (subdirector técnico), Alicio de las Heras (director de Area Financiera), Félix García Castro (letrado asesor) y el citado Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad). Este último está también imputado en el denominado ‘caso Tándem’ sobre las actividades presuntamente irregularidades del comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo.