Aragonès aparca la negociación del referéndum en Cataluña para después de las generales de 2023
Apremia a Sánchez a que pacte en tres
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, admitió ayer que la negociación con el Gobierno para celebrar un referéndum sobre la independencia va para muy largo. En el Govern y en ERC dan 2023 por perdido, en este sentido, por el calendario electoral: municipales en mayo y generales a final de año o inicio de 2024. Por lo que la carpeta del referéndum quedará aparcada como mínimo hasta después de las generales, si vuelven a gobernar el PSOE y Unidas Podemos.
Aragonès pretende mantener la mesa de diálogo incluso con un Ejecutivo del PP y Vox, aunque este extremo se antoja muy improbable, ya que las fuerzas de la derecha rechazan de manera contundente los contactos de la Moncloa con la Generalitat. «Engañaría si dijera que en dos meses tendremos reconocido un referéndum», afirmó en TV3.
Con la negociación de la consulta soberanista guardada en un cajón al menos hasta 2024, Aragonès presionó ayer a Pedro Sánchez para que antes del 31 de diciembre, y en el marco de la mesa de diálogo, puedan anunciar acuerdos en materia de desjudicialización, a pesar del aviso que lanzó el presidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes.
El dirigente republicano reclama pactar antes de tres meses reformas en el Código Penal que puedan favorecer el regreso de los dirigentes nacionalistas huidos. Además, Aragonès apretó para que la Abogacía del Estado y la Fiscalía, como partes personadas en los procesos judiciales, rebajen las peticiones de penas a los encausados del 1-O.
El Govern pone el foco en la macrocausa de la Audiencia de Barcelona contra una treintena de personas, la mayoría de ellas altos cargos del Govern durante el 1-O. Son los responsables de menor rango de la organización del referéndum y están pendientes de juicio por malversación, desobediencia, falsedad y prevaricación. El escrito de acusación de la Fiscalía está aún pendiente.
Si los organizadores del 1-O fueron indultados, los responsables de segunda fila no pueden entrar en prisión, según argumentó Aragonès. Entre esa treintena de acusados está el jefe de filas de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, mano derecha de Junqueras en 2017. «Hay que aprovechar» la fuerza de ERC en el Congreso, avisó el president.
La apuesta dialogada del Govern con el Gobierno es uno de los puntos de conflicto entre ERC y la Junts y que la ANC criticará en la manifestación independentista de la Diada del 11-S. Aragonès reiteró que no acudirá a la protesta. Igual que los consejeros de ERC, a diferencia de los de Junts, que harán pleno. Tanto Junts como la CUP cargaron hoy con dureza contra el plante de los republicanos. «No tendría sentido ir a una manifestación que va contra el Govern que presido», justificó el jefe del Ejecutivo catalán.
El president pide a la ANC redirigir su presión al Estado en lugar de hacerla «a compañeros de viaje». La Diada y la mesa de diálogo amenazan con romper el Gobierno catalán, aunque Aragonès se mostró convencido de que el Govern no se divorciará. Se especula, no obstante, que la primera ruptura podría producirse en el seno de Junts, si Laura Borràs consuma la escisión y se lanza a crear una plataforma electoral con la ANC. Una idea que lleva meses sobre la mesa y que la propia expresidenta del Parlament tuvo ayer que desmentir.