Aragonès plantea un acuerdo de ‘Claridad’ como en Canadá para pactar un referéndum

Cuatro días antes de la conmemoración del quinto aniversario del 1-O y en plena crisis del Gobierno catalán, el presidente de la Generalitat propuso este martes un acuerdo de claridad, como en Canadá, para pactar un referéndum con el Gobierno central.

Aragonès se comprometió en su discurso de investidura, en mayo de 2021, a culminar la independencia con un referéndum acordado. Pero hasta la fecha nunca había dicho cómo pretendía hacerlo, más allá de afirmar que su intención era consensuarlo con Pedro Sánchez en la mesa de diálogo. En su intervención en el debate de política general, en el Parlament, este martes empezó a dar algunas pistas.

Al menos le puso título. El presidente de la Generalitat no pretende acogerse a la literalidad de lo que dice la ley canadiense de claridad, con la que se dio respuesta legal al anhelo de independencia de los soberanistas de Quebec, pero sí propuso al Gobierno acordar las condiciones para poder celebrar un referéndum efectivo, que cuente con el reconocimiento de la comunidad internacional. Es la vía canadiense, pero tal y como la defiende también la escocesa, que ya intentaron tanto Mas como Puigdemont y que descartaron para abrazar la vía unilateral.

Este es el planteamiento que el Govern pondrá sobre la mesa en la próxima reunión con el Gobierno para abordar la resolución del conflicto catalán, en la que a corto plazo confía en que haya avances en materia de desjudicialización.

El Ejecutivo central cerró este martes de inmediato la puerta a un acuerdo de claridad. «Continúan con pretensiones de máximos que no compartimos», afirmó la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. La Moncloa no está dispuesta a abrir la vía que defiende Aragonès; eso sí, celebró que el presidente de la Generalitat se mantenga alejado de las posiciones unilaterales. Aragonès pretende abrir un «debate con el conjunto de la sociedad» catalana para «construir las bases del acuerdo» que presentará al Estado.

Por ello, el president apeló a los independentistas, a los comunes y también al PSC, pues, no en vano, Miquel Iceta, en el pasado, antes de ser ministro, ya apoyó en 2016 una especie de ley de claridad a la catalana. No obstante, salvo los comunes (únicos socios que tiene el Govern), ningún partido compró la propuesta del dirigente republicano. Termómetro al Govern Junts, al cierre de esta edición, aún no había intervenido en el debate, pero la bancada juntera no aplaudió a Aragonès cuando defendió su propuesta desde el hemiciclo. «Confiar la autodeterminación a un acuerdo con España es renunciar a la independencia», apuntaron fuentes del entorno postconvergente.

La ley de claridad sirvió para frenar el independentismo en Quebec, recordaron. De cara al debate, que hasta el viernes pondrá el termómetro a la salud del Govern, Junts había pedido al jefe del Ejecutivo catalán que diera un giro de 180 grados en su hoja de ruta hacia la independencia. En cambio, Aragonès no solo ignoró a sus socios, sino que insistió en defender la mesa de diálogo y advirtió de que la vía acordada es la más rápida y eficiente para que los catalanes puedan decidir su futuro en un referéndum de verdad.

Aragonès movió ficha, como le habían exigido sus socios, pero no en la dirección que le pedían. En las filas independentistas le acusaron de inventarse una cortina de humo para salir del paso. Ni planteó un estado mayor como le reclama Junts, ni dio marcha atrás con la mesa de diálogo, ni se mostró dispuesto a cuestionar el apoyo de ERC en el Congreso. Ante la amenaza de ruptura del Govern, Aragonès se mantuvo firme y trasladó toda la presión a Junts, mientras en su entorno amenazan con una crisis de gobierno para poner nerviosos a los consejeros postconvergentes. Los junteros se comprometieron a celebrar una consulta interna entre la militancia para decidir sobre su permanencia en el Govern. La batalla, por tanto, está ahora en Junts, más que en el Gobierno catalán.