Diario de León

Admitida la querella contra catorce militares por el crimen de 1989

La Audiencia acepta investigar la matanza de jesuitas de El Salvador

Rechaza procesar también al ex presidente Cristiani por la muerte de cinco españoles

Seis jesuitas y dos mujeres fueron asesinados en la residencia de los Jesuitas de San Salvador en 19

Seis jesuitas y dos mujeres fueron asesinados en la residencia de los Jesuitas de San Salvador en 19

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efe | madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha admitido una querella para investigar a 14 miembros del Ejército de El Salvador por su presunta implicación en el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989, aunque la causa no se dirigirá contra el ex presidente Alfredo Cristiani. El 16 de noviembre de 1989 murieron asesinados los jesuitas vallisoletanos Segundo Montes e Ignacio Martín Baró y el burgalés Amando López, además del rector del centro, Ignacio Ellacuría, otros dos sacerdotes, uno español y otro salvadoreño, y dos mujeres que atendían la residencia. Velasco ha admitido la querella presentada el pasado 13 de noviembre por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe), respaldada por el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), contra esos catorce militares a quienes investigará por delitos de asesinatos terroristas y contra el derecho de gentes.

Velasco argumenta en su resolución que contra el ex presidente Cristiani no hay «base indiciaria suficiente» para admitir la querella, además de que no se le ha imputado «participación en crímenes terroristas o de otra naturaleza de persecución universal», sino un supuesto delito de encubrimiento que no tiene «persecución» universal.

Para comenzar su investigación Velasco cita a declarar al ex fiscal general de El Salvador, Belisario Amadeo Artiga, al juez Ricardo Zamora y a los abogados Henry Campos y Sideny Blanco -”que ejercieron la acusación particular en la causa seguida en el país centroamericano-”. Solicita además que le remitan las actuaciones seguidas en aquel país, por lo que, con carácter urgente, solicita una comisión rogatoria a las autoridades salvadoreñas y otra a Estados Unidos para que testifique William McCollum, miembro de la delegación que viajó a El Salvador con Comisión del Congreso estadounidense, y un mayor de su Ejército.

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