Diario de León

La Audiencia rechaza la querella de AVT contra líderes del PNV y EA

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colpisa | madrid

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La Audiencia Nacional rechazó ayer la querella presentada en diciembre pasado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra quienes eran los líderes del PNV y de EA entre 1998 y 1999, Xabier Arzallus y Carlos Garaikoetxea, y contra sus órganos de dirección por un delito de colaboración con la banda terrorista ETA. La AVT denunciaba en su escrito que merecía tal calificación delictiva el «acuerdo secreto» al que habrían llegado en el año 1998 la banda y los citados partidos, que propició en el mes de septiembre, y hasta diciembre de 1999, la tregua de la organización terrorista a cambio de que se conformase una alianza de todo el nacionalismo vasco independentista que avanzase sistemáticamente hacia la ruptura con España, descrita en el conocido como pacto de Lizarra y plasmada en la creación de la asamblea de alcaldes (Udalbiltza). No hay delito Félix de Gayón, titular del Juzgado Central número 6, en total consonancia con la Fiscalía, acordó ayer rechazar la admisión a trámite de la querella por considerar que en los hechos descritos por la AVT no existe delito alguno de colaboración de banda armada. El magistrado, a partir de la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo en la sentencia del año 1997 contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna, explica que la pura coincidencia de fines y de ideología entre el Partido Nacionalista Vasco, EA y ETA -aspecto que dejaría claro el presunto «acuerdo secreto»- no es un delito de colaboración con banda armada. Indica que, como dejó claro el alto tribunal, «lo que sanciona (este delito) no es la adhesión ideológica ni la prosecución de determinados objetivos políticos o ideológicos, sino el poner a disposición de la banda determinadas aportaciones conociendo que los medios y métodos empleados por la misma consisten en hacer uso de la violencia, es decir, del terror y la muerte». El auto dictado ayer mismo por el juez De Gayón puede ser recurrido en reforma por la Asociación de Víctimas contra el Terrorismo ante el propio magistrado y, posteriormente, también en súplica ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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