Batet aplaza decidir si se suspende el acuerdo de la reforma laboral
Pese a las acusaciones de «pucherazo», no se prevé abrir el caso para examinar el voto erróneo del diputado del PP hasta dentro de dos semanas
«Atropello democrático», «ataque a la soberanía nacional», «pucherazo parlamentario», «engaño a los españoles»... En el PP no se ahorran calificativos para denunciar la votación de la reforma laboral del pasado jueves. Una sesión del Pleno del Congreso que será recordada por un error en el voto telemático del diputado popular Alberto Casero, que permitió la aprobación del real decreto por un solo sufragio para respiro del Gobierno de coalición.
Pese a la gravedad de la denuncia del principal partido de la oposición, que carga las tintas contra la actuación de Meritxell Batet por contribuir al «fraude democrático» y vulnerar los derechos de Casero, la presidenta de la Cámara baja no tiene previsto reunir la próxima semana a la Mesa del Congreso para examinar los escritos presentados por el propio diputado y el Grupo Popular. Tampoco hay, por el momento, intención de adelantarla, según señalan fuentes parlamentarias. Sí está previsto que se junten Batet y los ocho diputados del órgano rector la semana del 14 de febrero, que sería cuando se verían los escritos.
Por lo tanto, Batet, como presidenta también de la Mesa, se decanta por aparcar el decoro institucional que pregona el reglamento del Congreso y no le dará un carácter prioritario a la grave denuncia del PP. La formación conservadora reclama incluso que se suspenda el resultado del Pleno y no se remita la resolución para su publicación el BOE hasta que no se valore con detalle lo sucedido en el Pleno.
Del examen que haga la Mesa y los letrados de la Cámara dependerá en buena media el siguiente paso anunciado por el PP: presentar una demanda de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho al voto del parlamentario.
Entiende Casero que se ha quebrantado su potestad por parte de Batet, que no reunió a la Mesa con carácter de urgencia pese a que sus compañeros de PP y Vox le advirtieron de la «anomalía» de su voto telemático, que no se correspondía con la voluntad, y «siempre antes» de que se anunciara el inicio de la votación.
Esta circunstancia, según los afectados, vulnera la resolución adoptada por la Mesa el 12 de mayo de 2012, en sus apartados cuarto y sexto, sobre la exigencia de reunirse para tratar esta queja y valorar la posibilidad de anular el voto telemático y permitir que el diputado lo hiciera de forma presencial. El propio Casero, pese a estar enfermo con gastroenteritis aguda en su domicilio de Madrid, se acercó a la Cámara el jueves para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, Batet lo esquivó y procedió «unilateralmente» a dar inicio a la votación.
En favor del PP, los miembros de la Mesa de su partido, Ana Pastor y Adolfo Suárez-IIIana, o el de Vox, Ignacio Gil Lázaro, aseguran que Batet intervino al finalizar el Pleno y explicó que la Mesa estaba informada de esta situación cuando en realidad no se había reunido, como marca la citada resolución de 2012.
Ante esta circunstancia, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no tiene demasiado recorrido, aunque una sentencia de 2006 podría arrojar algo de luz para que la demanda del PP acabe prosperando.
La razón es que, en el amparo a una diputada del PSE en el Parlamento Vasco por un error informático en la votación de los presupuestos, la Sala avisó de que los órganos parlamentarios deben realizar una interpretación «restrictiva» de todas las normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatus constitucionalmente relevante del representante público».
La sentencia también insiste en «el deber de motivar» las razones de su aplicación, so pena, no sólo de vulnerar el derecho del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo, sino también de infringir el de éstos a participar en los asuntos públicos. Para el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Presno Linera, es «difícil» que el recurso prospere si se certifica que el error es exclusivo del diputado; no obstante, aboga por un análisis detallado de lo ocurrido para no debilitar la credibilidad institucional.