El bloque progresista del TC frena el intento de tensar el recurso del aborto

El bloque progresista del Tribunal Constitucional (TC) hizo valer ayer su mayoría cualificada en el pleno que abordó por primera vez el recurso presentado en 2010 por el Partido Popular contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un cónclave que venía marcado de forma previa por la posible ‘contaminación’ de cuatro de los once magistrados, quienes de alguna manera se pronunciaron en el pasado sobre la tramitación de esta norma.

Esta circunstancia abrió la vía a abordar la abstención voluntaria de los implicados o las peticiones de recusación. Y fue la primera puerta por la que ayer entró la magistrada conservadora Concepción Espejel, que era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a propuesta del PP cuando se promovió el anteproyecto de ley del aborto en su fase de consultas. Su decisión de apartarse obligó al pleno a pronunciarse, pero además Espejel buscaba retratar la posición de tres magistrados progresistas directamente afectados: el presidente Cándido Conde-Pumpido (fiscal general del Estado cuando se aprobó la ley), Juan Carlos Campo (secretario de Estado de Justicia entonces) e Inmaculada Montalbán (vocal del CGPJ como Espejel, pero esta a propuesta del PSOE).

Fuentes del TC explicaron que el movimiento de Espejel, no por esperado, tuvo también como finalidad forzar al máximo la deliberación del recurso del PP, cuyo fondo se verá ya en próximas sesiones. El motivo es que, ya sea por la vía de la abstención o de la recusación de magistrados (cinco diputados del PP lo reclaman), el pleno podía tener serios problemas incluso para examinar el asunto, ya que la ley del TC exige un quórum mínimo de ocho magistrados para celebrarse. Sin embargo, finalmente por siete votos contra tres (Espejel se abstuvo de votar) el órgano rechazó la petición de la magistrada con cuatro argumentos. «La solicitud de recusación se vincula a la exteriorización de un criterio jurídico que fue expresada hace más de 12 años», «pese a someterse a votación los trabajos preparatorios del informe no vinculante solicitado por el Gobierno al CGPJ no dieron lugar a la aprobación de dictamen alguno, por lo su contenido no fue trasladado» al Ejecutivo, «la abstención (de Espejel) ha sido presentada en un proceso de control abstracto de constitucionalidad de la ley, que no es un proceso de partes en el que se ventilen intereses particulares», y por último que «el objeto del recurso de inconstitucionalidad sobre el que ha de deliberar el pleno no coincide con el del anteproyecto sobre el que se recabó el fallido informe del CGPJ».

Frente a esta decisión del pleno, anunciaron votos particulares los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, César Tolosa y Enrique Arnaldo, ponente del borrador que viene a avalar la constitucionalidad de la ley de plazos con leves matices sobre el consentimiento informado de la menor o la objeción de conciencia de los médicos. De igual modo, las fuentes de la corte de garantías consultadas indicaron que el debate sobre las recusaciones de los diputados del PP lanzadas contra los tres magistrados progresistas se verán en la sesión de hoy, aunque todo indica que serán rechazadas. En cambio, el pleno sí ratificó ayer las abstenciones del progresista Juan Carlos Campo en hasta siete asuntos, por su anterior responsabilidad como ministro de Justicia y por su relación sentimental con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet; y de la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez en el recurso contra la normativa catalana que elimina la obligatoriedad de impartir el 25% de las clases en castellano.

En el caso de Campo, respaldó que se aparte por su vínculo con Batet de los recursos presentados por PP, Cs o Vox, por ejemplo, contra las decisiones de quitar el escaño al exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez en ejecución de la condena del Tribunal Supremo.