Bruselas controlará que el dinero se destine a los proyectos aprobados previamente

El dinero pactado entre los Veintisiete no se recibirá inmediatamente. Los cerca de 73.000 millones de ayudas directas que España tendrá para la recuperación del país se repartirán durante el periodo 2021-2024, lo que supone que su impacto económico depende mucho de la «celeridad» con la que se produzcan los primeros desembolsos, explica Raymond Torres, de Funcas. «Es un volumen ingente de recursos, pero según el acuerdo solo el 10% llegará en 2021, que es cuando más necesario será ese dinero», explica. Este 10% equivale a menos de la quinta parte de la inversión privada perdida por la crisis. Por ello, Torres advierte de la importancia de «acelerar el calendario de ejecución», y esto se consigue presentando los proyectos que Europa debe aprobar para destinar las ayudas, ya que «solo así se logrará dinamizar la economía» el año que viene. Estos planes de reformas e inversiones serán evaluados por la Comisión Europea, que revisará si cumplen con sus recomendaciones económicas anuales, refuerzan el potencial de crecimiento o la creación de empleo y favorecen la transición ecológica y digital.

El acuerdo pasa por que estos planes tengan que ser aprobados por mayoría cualificada en el Consejo (al menos 15 Estados miembros que representen el 65% de toda la población de la UE). Y el desembolso de cada tramo de ayuda dependerá de que se confirme que están cumpliendo las metas pactadas, para lo que la Comisión pedirá la opinión de los Veintisiete a nivel técnico. Si pasa esos dos filtros, se desembolsará los fondos al país. «Aunque es un proceso complejo, en principio ningún país por sí solo podrá vetar los proyectos presentados por otro, aunque sí podrá complicar el proceso de aprobación», explica Torres, que valora que este tipo de condicionalidad es «menos estricta» que la que se aplicó a España en la crisis de 2008.