Bruselas defiende ante la justicia europea la euroorden contra Puigdemont
La Comisión Europea apoyó ayerista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al considerar que no existen razones para rechazar la euroorden emitida contra el exconseller Lluis Puig. Bruselas considera que España no registra «problemas sistémicos», por lo que no se puede alegar una vulneración de los derechos -tal y como hizo la justicia belga para no entregar a Puig en 2020.
Esta causa marcará también el futuro proceso jurídico del expresidente catalán Carles Puigdemont y de los exconsellers huidos del ‘procés’.
En la vista, celebrada ante la Gran Sala del TJUE, Julio Baquero, representante del Servicio Jurídico de la Comisión, aseguró que el sistema español no cuenta con deficiencias que justifiquen el rechazo de la orden de arresto y entrega dictada por el magistrado del Supremo, Pablo Llarena. En cualquier caso, esos fallos deberían probarse primero, y tomar acciones concretas después, apuntó. «Confianza mutua quiere decir confianza entre sistemas equivalentes. Si no hay deficiencias, el sistema de confianza debe mantenerse», añadió Baquero ante los magistrados.
NO SE VIOLARON DERECHOS
En esa misma línea se expresó la abogada del Estado Andrea Gavela, quien descartó que las conclusiones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias (WGAD) sean «un elemento suficiente para considerar acreditado la violación de un derecho fundamental». Este documento en cuestión se refiere a la posible vulneración de la presunción de inocencia en el caso de los ya condenados Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.
La letrada advirtió, además, de que en esta causa está en juego la operatividad de las euroórdenes como herramienta jurídica, ya que se basan en la cooperación judicial entre Estados miembros.
Por su parte, el fiscal del Tribunal Supremo, Fidel Cadena, tachó de «ilógico y absurdo» que Bélgica cuestione la competencia de Llarena, instructor de la causa del ‘procés’, para emitir euroórdenes. Aseguró que eso supondría que el país receptor de una petición de entrega controle las normas procesales del país emisor.