Calvo aboga por seguir con la ley del ‘sólo sí es sí’ con los cambios oportunos
La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, se ha mostrado convencida de que el Ministerio de Igualdad debe seguir adelante con la tramitación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual con «las objeciones que considere oportunas» y pese al informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que critica algunos de los aspectos más destacados de la norma, como la definición de consentimiento o la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual.
Para Calvo, dicho informe forma parte de la «normalidad democrática» y considera que «esa ley tiene que salir adelante y mejorar la seguridad de las mujeres en sus libertades». «Nuestro país está plagado de delitos contra la libertad sexual», ha dicho Calvo en una entrevista en Canal Sur Radio recogida por Europa Press en defensa de la norma que ha presentado el Ministerio de Igualdad.
La vicepresidenta del Gobierno ha recordado que el Consejo de Ministros tienen diferentes órganos de asesoramiento y «en algún caso tiene que pedir informes obligatorios, que pueden ser vinculantes, otros se escuchan y en otros no son ni necesarios» y, en el caso de la llamada ley del ‘solo si es sí’, se requiere «el informe del Consejo General del Poder Judicial».
Según ha indicado la dirigente socialista, una vez recibido dicho informe «no ocurre nada más que el ministerio correspondiente hará los ajustes que considere importantes para conseguir el objetivo trazado con esa ley». «Los ajustará o no porque se trata de respetar el derecho del Gobierno a hacer proyectos de ley que luego debate la Cámara y vota la Cámara, nada dentro de lo que no es la normalidad absoluta, independientemente de lo que diga el informe», ha concluido Calvo.
El jueves, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazaba por unanimidad los aspectos clave de la ley del «sólo sí es sí», la redacción del consentimiento expreso y la supresión de la distinción entre abuso y violación, si bien Igualdad ha anunciado que seguirá adelante con el anteproyecto. El dictamen estima que la obligación de que el consentimiento sea expreso, concluyente e inequívoco por parte de la víctima de delitos sexuales puede comportar una «inversión de la carga de la prueba».