Diario de León

Canarias pagó a una empresa cuatro millones por unas mascarillas que nunca recibió

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. ÁNGEL MEDINA

Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. ÁNGEL MEDINA

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El Servicio Canario de Salud (SCS) pagó cuatro millones de euros por adelantado a una empresa llamada RR7 United SL, que se dedica a la compra y venta de vehículos, para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3 que nunca llegaron a ser entregadas. Tras casi dos años de litigio, el Ejecutivo resolvió el contrato por incumplimiento y ahora la Agencia Tributaria trabaja para recuperar el dinero por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del responsable de esta empresa, según informa Canarias7.

La Administración regional abonó este montante económico en dos pagos, por adelantado, y sin exigir a la sociedad limitada una garantía definitiva, como así disponía el Real Decreto de medidas urgentes vigente por la covid, aunque en este caso la mercancía jamás fue entregada. Solo llegó una partida que fue destruida por la Aduanas al no cumplir con los requisitos exigidos.

Posteriormente, los adjudicatarios prometieron traer otras con un incremento en la partida del 20% en contraprestación por la demora, pero no cumplieron y, además, no se dieron señales de vida. Todo ello, a pesar de los numerosos requerimientos por parte de la Administración para que reintegrasen el dinero ingresado como consecuencia de este contrato de emergencia.

RR7 United SL no se dio por notificada de los varios requerimientos efectuados por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud (DGRE), que incluso publicó en el Boletín Oficial de Canarias del pasado 5 de abril de 2021 la resolución del contrato de suministro y el «inicio del procedimiento de reintegro de los fondos librados por anticipado» que ascendían a los referidos cuatro millones de euros, más intereses.Esta empresa tiene su domicilio fiscal en la calle Venegas de la capital grancanaria, fue fundada el 14 de julio de 2016 y cuenta con un capital social máximo de 3.500 euros. Su administrador único es un empresario grancanario ligado, mayoritariamente, al sector de la automoción, sin relación alguna con el sanitario.

El litigio tuvo su punto de partida después de que la Consejería de Sanidad decretara la « emergencia y la ejecución de las actuaciones necesarias» ante la crítica situación revelada por los casos de coronavirus en sendas resoluciones dictadas el 27 de febrero y 18 de marzo de 2020.

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