lunes 30/11/20

Canarias no quiere ser la nueva Lesbos

Las instituciones de las islas, la oposición política y hasta los obispos rechazan el plan de los ministros Marlaska y Escrivá ante la llegada masiva de cayucos con el desembarco de 16.000 migrantes en el archipiélago durante este año
Cientos de personas migrantes llegadas en cayucos a Canarias hacinadas en uno de los muelles de Las Palmas de Gran Canaria. ELVIRA URQUIJO A.
Cientos de personas migrantes llegadas en cayucos a Canarias hacinadas en uno de los muelles de Las Palmas de Gran Canaria. ELVIRA URQUIJO A.

Plazas para unos siete mil inmigrantes, repartidos en campamentos militares habilitados deprisa y corriendo, y en inmuebles cuyo uso se ha acordado con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb).

Ese es el plan diseñado por el Gobierno de España para dar respuesta a la crisis de la inmigración que desde hace semanas soporta Canarias. Junto a ello, la negativa frontal a traslados masivos de inmigrantes a la Península, a pesar de que varias comunidades autónomas se han ofrecido a ceder plazas. Frente a todo ello, el Gobierno canario, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, «se revira y se rebela» porque no quiere ser la nueva Lesbos de Europa, según afirmó el pasado viernes el propio jefe del Ejecutivo regional tras reunirse con los ministros José Luis Escrivá y José Luis Abalos.

Este pulso institucional sin precedentes, que amenaza por laminar las expectativas electorales del PSOE en Canarias e incluso la estabilidad del cuatripartito que sostiene a Torres —cogobierna con Podemos, Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera—, ha vivido esta semana dos hitos. Por un lado, el martes, cuando 227 inmigrantes fueron ‘liberados’ del campamento en el muelle de Arguineguín y abandonados a su suerte, y el viernes, cuando desde Rabat el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y desde Gran Canaria el propio Escrivá desvelaban que la solución es, en la práctica, confinar a los inmigrantes irregulares que han llegado y a los que lo sigan haciendo hasta que se recuperen las repatriaciones masivas.

Esas devoluciones se han frenado por el cierre de fronteras tras la pandemia en los principales países emisores, esto es, Mauritania, Senegal y en los últimos meses Marruecos.

Lo ocurrido el martes puso en evidencia la «descoordinación» entre ministerios, según la expresión utilizada estos días por el vicepresidente del Gobierno canario, Román Rodríguez (Nueva Canarias), y el consejero de Presidencia, el socialista Julio Pérez.

Los 227 inmigrantes fueron sacados a primera hora de la tarde del recinto habilitado hace meses en el muelle de Arguineguín y se les dejó junto al espigón sin comida, sin agua y sin cobijo. Se presentó al instante la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que lleva meses pidiendo que se ponga fin al «campamento de la vergüenza» del muelle, y que contrató sobre la marcha varios autobuses. Cuarenta y cinco minutos después de subir a ellos, los migrantes se bajaban en la Plaza de la Feria, en la capital grancanaria, ante la Delegación del Gobierno. Allí estuvieron de nuevo abandonados hasta que varios ciudadanos se acercaron a darles comida y agua.

DEL MUELLE A UN POLVORÍN

«La orden de liberarlos la dio la Delegación o la Subdelegación del Gobierno», sostiene la alcaldesa, que exculpa a los policías encargados de vigilar en Arguineguín un contingente que ha llegado a las 2.300 personas en 400 metros cuadrados, en tiendas de campaña, bajo un sol abrasador y durmiendo sobre mantas encima del hormigón.

La Delegación del Gobierno guarda silencio. La versión policial es que fueron liberados tras intentar consultar a la Secretaría de Estado de Migraciones, que no habría contestado. Horas después, ese departamento ministerial se encargó de llevar a los migrantes a hoteles.

Desde el martes, y a la vista del impacto de la crisis en los medios de comunicación de toda España y en Europa, Interior ha ido sacando a migrantes de Arguineguín y los ha recolocado en el campamento cedido por Defensa en el antiguo polvorín de Barranco Seco, en la capital grancanaria. Esa instalación se ha preparado para 800 personas, mientras en los hoteles hay ahora unos 6.000.

El Gobierno central quiere sacarlos de esas plazas turísticas ante el rechazo de la patronal sectorial y de las instituciones canarias a esa fórmula cuando se intenta ahora reactivar el destino turístico. Y la opción del departamento de Escrivá y del ministro Grande-Marlaska serán más tiendas de campaña militares, inmuebles de la Sareb y, sobre todo, confiar en que las gestiones ante Marruecos, Senegal y Mauritania den resultados, haya mayor control en sus fronteras y admitan repatriaciones masivas.

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