Casado planea boicotear la reforma de la ‘ley mordaza’ en el Constitucional
Interior se vuelca sin éxito en convencer a los agentes de que tendrán más «seguridad jurídica»
Pablo Casado con el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, en la reunión de ayer. FERNANDO ALVARADO
El PP amaga con llevar al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que proyectan el PSOE y Unidas Podemos. Es más, el principal partido de la oposición prometió ayer formalmente ante los representantes de la mayoría de los 250.000 uniformados que hay en España que derogará las hipotéticas modificaciones que introduzcan los dos socios del Gobierno si los populares llegan a la Moncloa.
El encuentro en el Congreso entre Pablo Casado y los representantes de los 17 sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil acabó también con el compromiso de que el PP participará de forma activa en la protestas que los colectivos policiales ya tienen convocadas para este mismo mes. El 24, concentraciones frente a todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, y el 27, una gran manifestación en Madrid convocada por Jusapol, la mayor plataforma policial, a la que han acabado uniéndose el resto de colectivos profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado.
«Nos manifestaremos con los representantes de Policía y de Guardia Civil para rechazar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Si se aprueba, la recurriremos al Constitucional y en cuanto gobernemos la derogaremos. Es una línea roja que ataquen a los defensores de la libertad y seguridad», escribió Casado en Twitter poco después de acabar el encuentro con las asociaciones.
Más dura fue la portavoz del grupo popular en el Congreso, que también participó en el encuentro en el que el PP selló su apoyo incondicional a los colectivos de seguridad. Cuca Gamarra insistió en que la reforma que plantea el PSOE y Unidas Podemos aboga por la «impunidad» de los violentos. Y es que, según la portavoz, los partidos del Gobierno ya están «armándose políticamente para la vuelta a la oposición y tener un escenario perfectamente preparado para calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad para ello a través de estas reformas legislativas».
El PP, que prometió a los sindicatos y asociaciones un «amplio paquetes de enmiendas» al texto que promueven socialistas y Unidas Podemos, ya trabaja además en algunos cambios en el articulado, como contar con más instrumentos para evitar la celebración de los ‘ongi etorri’, (homenajes de bienvenida a los presos de ETA excarcelados) y nuevas herramientas para «combatir» la ocupación de viviendas.
Los representantes de los agentes se reunieron con el PP después de haber pasado prácticamente todos en los últimos días por los despachos del Ministerio del Interior, donde el equipo de Fernando Grande-Marlaska y el propio ministro trataron de convencerles sin éxito de que las reformas planteadas aumentarán su «seguridad jurídica».
En la sede del paseo de Castellana 5 se siguen sin entender las prisas de los sindicatos por tomar las calles ante un borrador de reforma que todavía está en «pañales» y que los partidos que apoyan al Gobierno «ni mucho menos se cierran» a discutir en el trámite parlamentario. En Interior creen precipitadas las protestas cuando faltan «meses» para que la reforma pueda ser aprobada y cuando sus demandas ya fueron escuchadas en el Parlamento en la Comisión de Interior en noviembre de 2018, antes que la anterior reforma de la ‘ley mordaza’ decayera con el fin de la XII legislatura.
Aun así, según fuentes sindicales presentes en todos los encuentros de los últimos días, los responsables de Interior han garantizado que la reforma será «profunda» y que saldrá adelante esta legislatura sea cual sea la oposición porque la actual normativa de 2015 aprobada por la mayoría de Mariano Rajoy «atenta contra derechos fundamentales» como el de reunión y manifestación.