miércoles 18/5/22
                      El diputado popular, Alberto Casero, número 2 del exsecretario general. JAVIER LIZÓN
El diputado popular, Alberto Casero, número 2 del exsecretario general. JAVIER LIZÓN

El Tribunal Supremo acordó este jueves la apertura de una causa penal al diputado nacional del Partido Popular Alberto Casero Ávila para investigar determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. El magistrado Miguel Colmenero, de la Sala Segunda del alto tribunal, estima los indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos recogidos en la exposición razonada remitida por un juzgado de esa localidad, dada la condición de aforado de Casero, y el informe favorable de la Fiscalía del Supremo para investigar al diputado popular.

El que fuera número dos de Teodoro García Egea, ex secretario general del PP, fue conocido por equivocarse en la votación telemática de la reforma laboral, que permitió al Gobierno sacar adelante la iniciativa legislativa. «Estoy muy tranquilo respecto a esos hechos, súper tranquilo. Estoy convencido de que las acusaciones quedarán en nada, pero ahora está en manos de la justicia y son los jueces los que tienen que decidir», afirmó el diputado cacereño este jueves al diario Hoy.

El auto indica que los hechos recogidos en la exposición razonada enviada por el Juzgado de Trujillo y atribuidos a Casero podrían ser constitutivos de delito, en una valoración que considera «necesariamente muy provisional» por el momento procesal en que se encuentra el asunto. Por lo tanto, procede asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco.

El auto recoge una síntesis de la exposición razonada elevada por el juzgado ordinario, que abrió diligencias previas en virtud de denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018, con terceros.

Este escrito señala indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al ayuntamiento y sin los informes necesarios, según prueba documental y testifical que incluye el juzgado. Así, en marzo de 2017 contrató a un psicólogo ocultándolo supuestamente al ayuntamiento, sin aportar el contrato, sin expediente de contratación, sin informe sobre la necesidad del servicio y sin aprobación del gasto. Y en septiembre de 2017, Casero firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al consistorio al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos municipales, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni difundirlo en el Boletín Oficial del Estado.

18.000 sin contratación

También en 2017, el aforado habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios municipales, señala la exposición razonada, que agrega que en junio de 2018 firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.

La exposición razonada recoge otros dos hechos: que en 2018 contrató a la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado; y que el 30 de diciembre del mismo año suscribió con Radio Interior SL un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo, en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería haber sido licitado en un trámite abierto.

Casero, encausado por el Supremo por prevaricación y malversación
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