El ‘caso Pegasus’ estalla con la reforma de ley de secretos encallada desde hace años

Secreto perpetuo. Fundido a negro sobre cualquier período de la historia de España. Desde las cuevas de Altamira al espionaje con Pegasus de Pere Aragonès. La franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968 permite al Gobierno mantener como «clasificado» de por vida cualquier asunto que considere, sin tener siquiera obligación de explicar la causa de ese secretismo.

La situación es tan particular que historiadores españoles, todavía 83 años después del final de la Guerra Civil, tienen que recurrir a los archivos franceses, británicos, rusos o de cualquier otro país extranjero para saber —por ejemplo— hasta dónde llegaron las connivencias de uno y otro bando con Hitler o Stalin porque en España todo sigue siendo eternamente «clasificado». Nada sobre Gernika o Paracuellos que se pueda consultar en los archivos oficiales del Estado.

Mucho menos aun sobre los entresijos de la Transición o de la ‘guerra sucia’ al terrorismo.

En la actualidad, basándose en esa normativa que lleva la firma del dictador, el Ejecutivo puede mantener ‘sine die’ en secreto cualquier materia cuya divulgación entienda que puede dañar gravemente los intereses del Estado. O sea, que las informaciones de los espías españoles sobre los independentistas o quién está detrás del ‘hackeo’ de los móviles de Pedro Sánchez o Margarita Robles, si no hay cambios legales, podrán seguir siendo tan secretas como las que acumulan polvo en los archivos de Defensa sobre el alzamiento de Abd el-Krim hace un siglo o la invasión de Napoleón hace más de dos.

Y no parece fácil que esos cambios legales lleguen en esta legislatura. A pesar de Pedro Sánchez prometió cambiar la normativa a su llegada al poder tras la moción de censura en 2018, la reforma está prácticamente estancada.

El escándalo del espionaje a los independentistas, al presidente Sánchez y a la ministra con el ‘malware’ israelí Pegasus ha estallado seis años después de que el PNV en 2016 presentara su primera propuesta legislativa para obligar al Estado a que se fije un plazo para desvelar sus secretos en algún momento. En junio de 2020, los nacionalistas vascos volvieron de nuevo a la carga con una nueva proposición de ley sobre el asunto. Una propuesta que está bloqueada en un «eterno trámite de enmiendas» en el Congreso —las prórrogas ya baten récord parlamentario—, tras la negativa de la mayoría en la mesa de PSOE y Unidas Podemos de impulsar la prometida reforma.

Esa última propuesta del PNV, que duerme el sueño de los justos sin siquiera haber llegado a comisión, es la de derogar directamente la vieja normativa del tardofranquismo y aprobar un texto similar al del resto de los países de la Unión Europea y buena parte de los miembros de la Otan. En su propuesta —que ha sido ignorada tanto por el Ejecutivo de Mariano Rajoy como por el de Pedro Sánchez—, los peneuvistas abogaban por mantener el secreto solo entre 10 y 25 años, dependiendo el tipo de información a desclasificar.

Promesa incumplida

El Gobierno y el Grupo Socialista, que con la llegada de Sánchez a la Moncloa habían hecho bandera de esta reforma con la promesa de «transparencia absoluta» y acabar con la ‘confidencialidad perpetua’, ya habían empezado a enfriar las expectativas, sin embargo, en los últimos meses. Unos reparos que se han acentuado en estos días convulsos tras el escándalo de Pegasus y la confirmación de que el CNI estuvo detrás de las escuchas al menos a 18 de los independentistas con el president Aragonès a la cabeza. El pasado noviembre, el Ejecutivo ya comunicó a los grupos, singularmente al PNV, que no contemplaba apoyar su proposición de ley, sino que apostaba por un proyecto de ley propio, según el cual las autoridades podrían prorrogar hasta medio siglo la prohibición de acceder a las materias más reservadas que comprometen la seguridad nacional.

Este borrador, que coordina el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, situaría a España en el rango de países occidentales más restrictivos con el acceso a los asuntos sensibles, muy por encima, incluso, de países como Estados Unidos que permite la desclasificación de expedientes altamente confidenciales a partir de los 25 años.