Catalá no suprimirá las tasas judiciales de Gallardón, pero rebajará su cuantía

El Gobierno no suprimirá las tasas judiciales que gravan la presentación de recursos en las órdenes civil, contencioso-administrativo y social desde diciembre de 2012. Solamente prevé revisarlas para «ajustar» su cuantía, que en su momento provocó una subida de entre 50 y 750 euros, con lo que las arcas públicas han ingresado más de 300 millones.

Este es el plan que tiene el nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, para calmar las aguas con todos los operadores jurídicos, sin distinción, que hicieron un frente común contra el dimitido Alberto Ruiz-Gallardón para pedir la eliminación del gravamen por vulnerar la tutela judicial efectiva y no cumplir con el propósito para el que fueron diseñadas, financiar la asistencia jurídica gratuita.

Primero en el Congreso y luego ante la cúpula de la Abogacía, formada por los 83 decanos del país más el presidente del Consejo General, Carlos Carnicer, y los vocales electos, Catalá quiso mostrar un talante pactista y dejó claro ayer que su voluntad «es analizar, revisar y ajustar» su aplicación.

El anuncio, como es lógico, no agradó del todo a los abogados, que reclaman su supresión por los efectos negativos que está teniendo en las cuentas de resultados de muchos bufetes. La ecuación es sencilla: si suben las tasas los clientes no recurren en sucesivas instancias por temor a perder, por lo que los ingresos caen. Se habla incluso de que los despachos han dejado de ganar una media del 30%. A lo que se suma la manida crisis que también ha afectado al sector.

Pudiera parecer que de las palabras del ministro se concluye que en los 14 meses que quedan de legislatura no dará tiempo a «ajustar» las tasas. Pero Catalá se ha comprometido a que su plan se apruebe «con el máximo consenso» antes de finalizar dicho periodo. Un encargo que viene en persona del propio Mariano Rajoy con la vista puesta en las elecciones generales de 2015.