Cataluña acelera la desconexión después de la sentencia por el 9-M

C. Reino | Barcelona

Veinticuatro horas después del fallo judicial sobre el 9-N, que inhabilita a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, el Gobierno autonómico, Junts pel Sí y la CUP avisaron que mantienen intacta su hoja de ruta, que su voluntad para que se celebre el referéndum es inquebrantable y no pisarán el freno.

Una respuesta contundente, primero en clave interna, para que no entren dudas a la tropa secesionista ni caiga en el desánimo, y también de cara al resto de España para advertir al Gobierno central y a los poderes del Estado de que el objetivo del referéndum no tiene marcha atrás a pesar de los reveses judiciales. Para que visualice este mensaje aceleraron los trabajos para aprobar antes del verano la ley de transitoriedad jurídica, la norma clave de la legislatura para sentar las bases del futuro Estado independiente y para dar cobertura al referéndum.

La ley está guardada en un cajón para evitar que la anule el Constitucional, pero a partir de este jueves Junts pel Sí y la CUP se pondrán manos a la obra para tenerla lista para el momento que consideren decisivo. Sin embargo, antes de llevarla al pleno, tienen que cumplir algunos trámites parlamentarios. Algunos de calado, como reformar el reglamento de la Cámara para que cualquier grupo parlamentario pueda tramitar proposiciones de ley en lectura única.

Esta modificación del funcionamiento, que ya está regulada en el Congreso y otras cámaras autonómicas, debe hacerse mediante una ponencia, que la Mesa de la Cámara catalana, con los cuatro votos de Junts pel Sí que le dan la mayoría en ese órgano, aprobó ayer. La ponencia se constituirá el jueves con la ausencia de todos los grupos de la oposición, que rechazan un cambio ad hoc en el reglamento que pretende que los independentistas puedan aprobar a su antojo la ley más trascendental en 40 años de autonomismo en Cataluña en un día, en lectura única y sin posibilidad de presentar enmiendas.

Cuestión de tiempo

Pero el tiempo apremia, los 18 meses previstos para la legislatura se agotarán en junio y el independentismo tiene muchas promesas que cumplir en tres meses si quiere mantener el pulso con el Estado y que la presión de la calle siga apretando con la misma intensidad que hasta ahora. Por eso Mas instó a los suyos a «aprovechar» la sentencia del 9-N para fortalecer el proceso. Su inhabilitación, sin embargo, no ha causado la indignación y la respuesta social que seguramente provocará, si se produce, la condena de Forcadell. Poco después de conocer su condena, Mas pidió al Gobierno catalán «firmeza y determinación» y que no se dejen «impresionar» por los tribunales.

Unas palabras que el Ejecutivo de Carles Puigdemont hizo suyas para advertir al Gobierno central de que «no le temblarán las piernas» para celebrar el referéndum en septiembre. Como muy tarde ese mes, porque la CUP dejó claro que si hay más inhabilitaciones (sobre todo la de la presidenta de la Cámara catalana), el calendario deberá acortarse. «Mantenemos inalterada nuestra voluntad de hacer un referéndum», expresó la consejera de la Presidencia, Neus Munté. Los soberanistas quisieron aparecer tan contundentes en su defensa de la consulta secesionista, que tanto Mas como Munté incluso descartaron elecciones para este año para dejar claro que el único plan es la consulta.