Diario de León

Cataluña pone fin a la legislatura que partió al secesionismo y saca las urnas

En juego está si los catalanes pasan página del ‘procés’ o se mantiene la confrontación política

Concentración en la Plaza Sant Jaume de Barcelona. ENRIC FONTCUBERTA

Concentración en la Plaza Sant Jaume de Barcelona. ENRIC FONTCUBERTA

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Hace un año que tenía que haber acabado la legislatura catalana. Así lo dijo Quim Torra en enero cuando anunció los comicios como consecuencia de la pérdida de confianza entre JxCat y ERC. Pero al final el estallido de la pandemia ha prolongado la agonía de un mandato marcado por la división en el independentismo y la consumación de su ruptura y la crisis sanitaria en su etapa final.

La Cámara catalana quedará mañana automáticamente disuelta, tras dos meses en que ninguna formación ha presentado a un candidato a la investidura de presidente alternativo a Quim Torra, después de que fuera inhabilitado por desobedecer a la Junta Electoral Central por no retirar a tiempo una pancarta del Palau de la Generalitat. El martes será el turno de Pere Aragonès, vicepresidente con funciones de presidente de la Generalitat, que firmará el decreto de convocatoria de las elecciones del 14 de febrero. Sólo un agravamiento de la situación de la pandemia podría poner en riesgo la celebración de los comicios, tal y como ha previsto el Gobierno catalán, que se da de plazo hasta el 15 de enero por si tuviera que aplazar la jornada de votación, como ya ocurrió en Galicia y el País Vasco.

Los partidos catalanes acabarán hoy de definir en el Parlament cuáles son los escenarios que podrían llevar a la suspensión electoral. Acaba una legislatura que al final ha durado mucho más de lo que los propios dirigentes del Govern preveían en un primer momento. JxCat y ERC volvieron a unir sus fuerzas hace tres años y se conjuraron para recuperar el control de la administración catalana, intervenida por el 155 en la pasada legislatura como consecuencia de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Pero desde el primer día se vio que republicanos y postconvergentes tenían estrategias muy distintas, en ocasiones incompatibles.

Puigdemont sigue con la intención de mantener la confrontación, mientras que ERC ha apostado por una vía más pragmática: primero facilitando la investidura de Pedro Sánchez y al final convirtiéndose en actor protagonista de la gobernabilidad española, aprobando los presupuestos del Estado que encarcela a sus dirigentes, tal y como les ha recordado Quim Torra.

El cisma independentista se ha vivido tanto en el Palau de la Generalitat como en el Congreso. El secesionismo chocó a las primeras de cambio cuando ERC se negó a desobedecer al Constitucional e investir a Puigdemont por la vía telemática. Desde entonces, las relaciones entre los dos socios fueron más de competencia que de colaboración. Casi siempre han actuado mirando de reojo a la pugna electoral que les espera de cara al 14-F y que algún dirigente, como Gabriel Rufián, ha asegurado que será la «más sucia» de la historia democrática catalana.

La gran incógnita es saber cómo han quedado de mermadas las relaciones entre los dos socios de cara a la reedición de un nuevo gobierno independentista o si las elecciones darán paso a un ejecutivo más transversal. Si gana ERC, deberá confirmar si ha roto definitivamente con la vía rupturista de Carles Puigdemont como aseguran sus dirigentes. En juego está si los catalanes pasan página al ‘procés’ o se mantiene la confrontación.

UNIDOS POR LOS PRESOS

Los independentistas sólo han permanecido unidos en torno a los presos y a la reclamación de amnistía y autodeterminación. Durante la duodécima legislatura catalana tuvo lugar el juicio y la sentencia del 1-O, que ha llevado a la cárcel a los dirigentes secesionistas que permanecieron en Barcelona tras la DUI, a diferencia de quienes huyeron con el expresidente a Bruselas.

«La legislatura de la represión», la ha calificado esta semana Pere Aragonès. La cuestión judicial siempre ha estado presente como telón de fondo. Nueve líderes soberanistas fueron condenados a penas de nueve a trece años de prisión y Quim Torra, que fue elegido presidente porque la Cámara no consiguió (por diferentes razones) investir ni a Puigdemont, ni a Sànchez ni a Turull, fue inhabilitado por una condena de desobediencia.

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