La CEOE critica el plan fiscal de Sánchez en plena firma del pacto por el empleo

El foco del conflicto estuvo en los impuestos. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, abrió el fuego al calificar de «error» diferenciar entre las grandes y las pequeñas empresas en materia fiscal, como prevé hacer el Gobierno. Sánchez anunció esta semana que la reforma fiscal es «inevitable», en la que incluye un incremento tributario para las primeras: el acuerdo de coalición establece un tipo mínimo efectivo del 15% para las grandes empresas y rebajar el tipo para las pymes del 25% al 23%.

Cuerva alegó que la subida de impuestos a las grandes empresas acaba repercutiendo a las pequeñas y al crecimiento y la inversión. Garamendi añadió que «no comparte» el planteamiento fiscal del Gobierno, agregó que, en todo caso, «no es el momento» de elevar la presión impositiva, y defendió el combate de la economía sumergida, que se cifra en un 24% del PIB, once puntos sobre la media comunitaria, para recabar unos recursos necesarios, ya que Cuerva sí demandó al Ejecutivo que «no escatime esfuerzos» en apoyo de la economía.

La lucha contra el fraude forma parte del texto de seis páginas que firmaron Gobierno y agentes sociales. Pero el mundo sindical querría ir más allá, como manifestó Sordo: «Más temprano que tarde España se va a tener que replantear el modelo de corresponsabilidad fiscal para reducir el diferencial» de recaudación que la separa de la media comunitaria y que se cifra en siete puntos de PIB, alrededor de 80.000 millones de euros. Sánchez se ratificó en la reforma tributaria que quiere realizar y afirmó que de la crisis hay que salir «con más cohesión social», lo que se traduce en una «reforma fiscal que vincule la justicia social con la justicia fiscal».