El CGPJ insta al Congreso a llevar a Europa la reforma socialista para renovar el Constitucional
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), formado por los 19 vocales más el presidente Carlos Lesmes, respaldó ayer por mayoría reclamar al Congreso que recabe la opinión del órgano de gobierno de los jueces sobre la reforma impulsada por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y, a su vez, que remita la iniciativa que se tramitará este jueves a la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) para que se pronuncie sobre su legalidad.
Por diez votos contra siete (otros dos vocales más votaron en blanco), los consejeros del sector conservador lograron su objetivo de sacar adelante su propuesta para que el CGPJ tenga protagonismo en la contrarreforma que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. Se trata de una modificación de la Ley Orgánica para devolver al Consejo la facultad de realizar los nombramientos judiciales de los dos magistrados que le competen del Constitucional (los otros dos corresponden al Gobierno hasta completar el cambio de un tercio de los integrantes de la corte de garantías).
A día de hoy, el órgano de gobierno de los jueces tiene vetada por ley esta capacidad de llevar a cabo los nombramientos judiciales y gubernativo-judiciales al estar en funciones. Una reforma de marzo de 2021 que fue impulsada precisamente por los dos grupos parlamentarios -PSOE y Unidas Podemos- que forman parte del Ejecutivo. El acuerdo del CGPJ ha sido adoptado con el voto a favor del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, Carlos Lesmes, y los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Han votado en contra los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda. Mientras que los vocales Enrique Lucas y Vicente Guilarte han votado en blanco.
«Contradictoria e incoherente»
El texto del acuerdo considera que la proposición de ley trata de evitar las «dificultades» que entraña la renovación de los órganos constitucionales. Una justificación que resulta «contradictoria e incoherente», ya que tan órgano constitucional es el Constitucional como lo son los juzgados y tribunales, servidos por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial cuyo superior, en todos los órdenes, es el Supremo.
Añade el acuerdo que el «grave perjuicio» que se está generando para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia ha sido puesto de manifiesto con reiteración por el CGPJ, particularmente en relación con el Supremo, cuya Sala de Gobierno adoptó un Acuerdo el pasado día 27 de junio de 2022 en el que se denuncia su situación actual.
El texto recuerda que el Gobierno tiene la obligación de someter sus anteproyectos al informe del Pleno de este CGPJ.