Cifuentes presenta pruebas al juez para intentar demostrar que aprobó el máster

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes se sentó ayer en el banquillo de los acusados por un delito de falsedad documental en el llamado ‘caso Máster’. La Fiscalía reclama tres años y tres meses de cárcel a la expresidenta del PP regional, que dimitió de sus cargos y dejó la política tras este escándalo y la difusión de un vídeo comprometedor en un supermercado en el que se la veía sustraer unas cremas.

La defensa de la mandataria autonómica entre 2015 y 2018 presentó en las cuestiones previas del juicio varias pruebas de última hora para tratar de respaldar su inocencia. El tribunal las aceptó pese a la oposición de algunas de las partes. En concreto, el abogado de Cifuentes —cuya declaración tendrá lugar el viernes— aportó un certificado académico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que acredita que superó las asignaturas del máster que realizó en 2012 y el Trabajo de Fin de Máster. El abogado también entregó un pendrive que contiene una copia de la agenda como delegada del Gobierno en Madrid, del 2 de julio de 2012, con una cita de la fecha en la que defendió su trabajo.

A su llegada a la Audiencia Provincial de Madrid, acompañada por su letrado —el mismo que defiende a Corinna Larsen— y con semblante serio, Cifuentes no hizo declaraciones. Y durante las cerca de cinco horas de la primera sesión del juicio se limitó a escuchar las propuestas de los abogados personados y la declaración de dos de las acusadas: la entonces profesora de la universidad Cecilia Rosado y la exasesora de la Consejería de Educación, María Teresa Feito.

Rosado, que ha colaborado con la investigación y se enfrenta como autora de la falsificación del acta a 21 meses de prisión, fue la primera en comparecer. Ratificó la falsificación del acta debido a las «presiones» por parte del exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Alvarez Conde, fallecido en abril de 2019, y de la propia Feito. Ésta última, en cambio, negó tales presiones e insistió en que nunca ordenó nada. Sólo pidió, afirmó, que se buscara el trabajo que supuestamente realizó Cifuentes y que su abogado aportó el pasado viernes al tribunal sin que nadie lo esperara.

Para confirmar la cita de la agenda electrónica el letrado entregó, además, un informe pericial de parte en el que se detalla cómo ha sido extraída la referencia de 2012. De igual modo, presentó un certificado académico de la universidad que verifica que superó las asignaturas del curso de postgrado que realizó. La fiscal solicitó que se diera traslado del informe del análisis del pendrive a la Policía Judicial para que sea contrastado.

No obstante, la principal amenaza de Cifuentes sigue siendo el testimonio de Rosado, que ayer indicó al tribunal que no era obligatorio ir a clase y que se daba a los alumnos la posibilidad de evaluarles a través de trabajos.

«Podían tener varios métodos. Uno a través del correo y otro se podía llevar físicamente. No recuerdo que se convalidasen asignaturas», explicó. Sobre la expresidenta madrileña, además de relatar las presiones de sus jefes, dijo que no recordaba haberla visto en clase ni quién le puso las notas ni su defensa del trabajo fin de máster.