«El CNI no persigue delitos»

La sentencia de 2010 explica que los actos de los agentes «no pueden ser etiquetados como actos judiciales de investigación». El motivo es que se ha optado por un modelo de control residenciado, no en un órgano jurisdiccional, sino en un juez al que se atribuye una función previa de fiscalización. La exclusión de cualquier posibilidad impugnativa de la resolución habilitante y, sobre todo, la ausencia de un seguimiento ulterior de lo actuado a partir de la autorización, «añaden mayores dosis de especialidad», apuntó Marchena en esta sentencia, que rebajó de 13 a 9 años la pena de prisión al espía Roberto Flórez por su intento de vender información reservada a sus homólogos rusos. La resolución reitera que el CNI no persigue delitos, sino que los agentes tienen como cometido facilitar al Gobierno «las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España».

Para ello, el centro coordina la acción de los diferentes organismos que utilicen medios de cifrado, garantiza la seguridad de las tecnologías de la información e informa sobre la adquisición coordinada de material criptológico, como pudo ser el programa Pegasus.