Diario de León

La Comisión ‘Kitchen’ ejemplifica los juicios trasladados al terreno político

El PP ya trató de investigar las cuentas de Podemos, que a su vez han registrado seis peticiones por el rey

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La política vive un estado de permanente zozobra desde el estallido de la crisis sanitaria, una tensión que se ha plasmado en el aumento del registro de Comisiones de Investigación, 24 en tan solo un año. La batalla entre partidos ha llegado al punto de llevar al Congreso a los implicados en asuntos que están siendo juzgados en ese momento. Es el caso de la llamada ‘operación Kitchen’, que protagonizará el inicio del año parlamentario después de ser impulsada una comisión en octubre por parte de PSOE y Unidas Podemos.

El objetivo, aprobado por la Mesa de la Cámara, es indagar en «la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP». El próximo jueves, los distintos grupos votarán la lista de comparecencias, pero ya se prevé que durante los próximos meses desfilen por el Congreso el expresidente Mariano Rajoy, su entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, e, incluso, el actual líder de los populares, Pablo Casado, entre otros.

Un proceso que amenaza con convertirse en un juicio paralelo al mismo tiempo que el juez Manuel García Castellón investiga los detalles de la operación en la Audiencia Nacional.

Los populares denuncian que con la comisión, PSOE y Unidas Podemos pretenden emprender contra ellos una «causa general e inquisitorial» en la que las conclusiones «ya están redactadas». El viernes solicitaron que los trabajos de la comisión se retrasaran hasta después de la convocatoria de las elecciones catalanas, que están previstas de forma cautelar para el próximo 14 de febrero, a la espera de la decisión definitiva del TSJC. Pero su petición fue desoída.

Socialistas y morados, que tienen el control de la comisión, presionan por relacionar a Casado con la trama, ya que consideran que el presidente de los populares formaba parte de la directiva del partido cuando se produjeron los hechos que ahora se juzgan. Sin embargo, ambos partidos recibieron el viernes numerosas críticas por parte del resto de grupos parlamentarios después de que los de Iglesias dieran marcha atrás en su intención de citar al excomisario José Manuel Villarejo, uno de los principales protagonistas del caso. El diputado Enrique Santiago, que también ejercerá como vicepresidente de la comisión, justificó su decisión alegando que el expolicía tiene «una falta total de credibilidad», mientras que los socialistas evitaron pedir su comparecencia de entrada. Unas explicaciones que tampoco convencieron a las llamadas fuerzas del ‘bloque de investidura’, en las que el Gobierno se apoyó para aprobar los Presupuestos. «No se entendería que la supuesta izquierda española lo vete», zanjó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Investigación a Podemos

Las tornas eran distintas en agosto del año pasado, cuando el PP propuso que se revisara en la Cámara baja el caso sobre las cuentas de Podemos. «Las causas judiciales se resolverán, pero las responsabilidades políticas deben dirimirse en el ámbito que nuestra Constitución diseñó, las Cortes Generales», defendieron los populares en su solicitud de comisión. La formación conservadora vio en este asunto, que afecta a la organización de Pablo Iglesias, un motivo de presión a Pedro Sánchez: «Ahora forma parte del Gobierno un partido investigado por presunta corrupción».

La petición salió adelante gracias a los votos del PSOE en la Mesa, pero la frenaron en la siguiente etapa de su tramitación. «No hemos puesto problemas en su tramitación en clave jurídica. Políticamente, el grupo parlamentario socialista no considera de interés que salgan adelante», reconoció entonces el diputado socialista Rafael Simancas.

El rey y las ‘black’

Unidas Podemos, por su parte, ha hecho bandera de su empeño en que se investiguen los supuestos delitos atribuidos al rey emérito, como las comisiones del AVE a la Meca o el uso de ‘tarjetas black’. Hasta seis veces ha intentado que prosperase, de la mano de otras fuerzas como EH Bildu o ERC, su proposición de sentar a don Juan Carlos en la Cámara baja, pero siempre se han topado con la negativa de PSOE, PP y Vox. La última, el pasado 13 de enero, un hecho que provocó otro choque entre los dos socios del Gobierno.

Aunque las conclusiones de este mecanismo parlamentario no son vinculantes para la Justicia, como recoge la Constitución, desde la restauración de la democracia las comisiones de investigación se perciben cada vez más como un arma política

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