El Constitucional debate bajo presión política si frena la reforma de Sánchez
El tribunal podría postergar su decisión y los conservadores del CGPJ aún aspiran a sortear los cambios en su pleno de mañana
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de partido en Valencia. JUAN CARLOS BÁRCENAS
La tormenta no ha pasado. El encontronazo institucional que la semana pasada esquivó el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, al atender la demanda del bloque progresisa de aplazar el pleno en el que se iba analizar la petición del PP de suspender de forma cautelarísima la tramitación de las enmiendas introducidas de rondón en el Código Penal para acelebrar la renovación de la corte de garantías sigue siendo una posibilidad cierta. La decisión permitió al Congreso celebrar el pleno en el que, entre acusacione cruzadas de golpismo, los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios dieron luz verde a la iniciaiva. Pero el máximo intérprete de la Carta Magna vuelve a reunirse este lunes a las 10.00 horas, en vísperas de que el Senado haga el jueves lo propio y convierta el texto en ley.
La presión en la que un Constitucional dividido debe tomar la decisión es máxima. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños —uno de los principales artífices de la estrategia diseñada por el Ejecutivo para tratar de poner fin, de una vez por todas, a los cinco meses en los que los vocales conservadores del CGPJ han obstaculizado la renovación del tribunal— lanzó ayer desde la sede del PSOE una advertencia. «Confío en que mañana el Constitucional adopte una decisión justa y con arreglo a la ley», dijo. El polémico cambio legislativo rebaja de tres quintos a mayoría simple la mayoría para que el CGPJ designe a sus dos magistrados en el TC, lo que hace innecesario el consenso entre conservadores y progresistas,; y elimina el requisito de verificación de idoneidad por parte del tribunal, lo que convierte en automáticos los nombramientos.
Legítima defensa
Los socialistas insisten en presentar su actuación como una «defensa legítima» y conforme a reglamento frente a un PP que pretende «controlar la democracia por la puerta de atrás». Primero al negarse a facilitar la alternancia en el Consejo, que lleva cuatro años con el mandato caducado y, después, poniendo trabas, a través de los consejeros que ellos mismos nombraron en 2013, a la designación de los dos magistrados del Constitucional que corresponden al órgano de gobierno de los jueces.
Un bloqueo que impide, a su vez, que el Gobierno pueda materializar los dos suyos. No todos en el PSOE comparten la fórmula por la que ha optado Sánchez, un atajo legislativo censurado en múltiples ocasiones por el propio TC por considerar que, entre otras cosas, limita los derechos políticos de los diputados; justo el argumento empleado por los populares en su recurso de amparo. También son muchos los que reconocen que la decisión del presidente de proponer a su exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a una exasesora de Presidencia, Laura Díez, como sus opciones para el Constitucional ayuda poco a rebajar la tensión. Pero aunque haya dudas sobre las formas, sí existe, en términos generales, un sentimiento compartido de que la actitud del PP no es tolerable.
Los populares, por su parte, se escudan, para justificar su negativa a renovar el órgano de gobierno de los jueces conforme a los plazos dictados por la Constitución, en que Sánchez se está saltando principios democráticos básicos para dar satisfacción a la mayoría en la que se apoya y de la que forman parte partidos políticos como ERC o Bildu, que lo que precisamente pretenden es el desmantelamiento del Estado. No es la primera vez, sin embargo, que cuando está en la oposición el PP evita facilitar el relevo institucional.
Potestad del Constitucional
Elías Bendodo obvió este domingo la cuestión del bloqueo y censuró que el Gobierno y sus aliados cuestionen la potestad del Constitucional para frenar una votación de las Cortes Generales. «Tenemos la obligación moral y ética de acudir al Constitucional y a donde haga falta para que este delirio dictatorial de Sánchez no siga adelante», adujo. «Cuando a un presidente le estorba la democracia sus contrapesos y seguridad, como le está ocurriendo Sánchez, eso -remachó- es peligroso».
Si la corte de garantías opta por aceptar las cautelarísismas que pide el PP, hará, en cierto modo, historia porque no existen precedentes de un acto asimilable salvo durante el procés, cuando se paralizó un pleno para evitar la ejecución de las leyes de desconexión.