El contrapeso de Dolores Delgado
La fiscal general acelera su desgaste con la presión de la cúpula para que pare los pies al Gobierno y el demoledor mensaje en las elecciones internas sin que ella se dé por enterada
Dolores Delgado se recupera desde el pasado 20 de abril de una operación en la espalda tras extirpar un quiste sinovial que le comprimía dos vértebras lumbares. Los médicos han recomendado a la fiscal general del Estado, de 59 años, «inmovilizacio?n y reposo absoluto» durante su baja laboral. Con la agenda suspendida mientras dure la convalecencia, la sustituta en sus funciones está siendo la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde.
Sánchez Conde es la máxima responsable del Ministerio Público en el Tribunal Supremo. Es la primera mujer jefa de la sección de Penal y lleva en el cargo desde enero. Su nombramiento engrosó la lista de integrantes de la Unión Progresista de Fiscales que han copado más de la mitad de los puestos en la cúpula de la Fiscalía durante los dos últimos años de Delgado en el cargo. La UPF es, precisamente, el colectivo al que perteneció hasta su anterior designación como ministra de Justicia en 2018, lo que le llevó a renunciar.
En total, 16 de las 33 plazas de fiscal de primera categoría están ocupadas en la actualidad por miembros de la UPF. Una política de designaciones que ha roto el tradicional equilibrio existente entre representantes de colectivos profesionales y no asociados y que ha sido ampliamente criticada por su «sectarismo». Tampoco han faltado reproches a la «errática» política de la fiscal general desde que fue nombrada por el Gobierno y tomó posesión en febrero de 2020.
Con este balance, no es casual que la decisión del Supremo de anular la designación de un compañero afín a Delgado por falta de motivación fuera recibido como una victoria por los recurrentes: tanto desde la conservadora Asociación de Fiscales (AF) como por el fiscal José Miguel de la Rosa, afectado por la designación de Esteban pese a tener un mejor puesto en el escalafón (ya era fiscal de Sala) y una amplia experiencia en el área de menores. Después de la resolución del pasado 5 de abril, Delgado deberá razonar este nombramiento por orden del Supremo.
Esta decisión judicial, en todo caso, supuso un punto de inflexión en el progresivo desgaste que está padeciendo la fiscal general. A la alargada sombra del ‘caso Villarejo’ y su relación con el exjuez Garzón, con intereses en la causa, se suma el tirón de orejas que le ha dado el alto tribunal y el mensaje que le ha transmitido la carrera fiscal, formada por unos 2.500 profesionales.
«Hartazgo y menosprecio»
La presión interna para Delgado ha llegado por dos frentes. El pasado 22 de abril, un total de 16 fiscales de Sala le remitieron un escrito donde solicitaron que se dirigiera al Grupo Parlamentario Socialista y al Congreso para que retirara una enmienda registrada en la Ley Concursal. Una iniciativa que pretende ascender a fiscal de Sala a Delgado cuando cese del cargo y hace mención a la relación del Ministerio Público con el Poder Ejecutivo. Esta misiva de parte de la cúpula fiscal criticaba la «relación de dependencia» con el Gobierno que suponía la «obligación para el fiscal general de informar, incluso por propia iniciativa, sobre los asuntos de especial trascendencia». Una novedad legal que supone «una quiebra importante de la autonomía y de la independencia respecto a aquel, lo cual es absolutamente incompatible con el modelo constitucional de Ministerio Fiscal».
Entre los firmantes no solo estaban fiscales opuestos a Delgado. Una de ellas es María José Segarra, ex fiscal general y destacada miembro de la UPF, que calificó la enmienda como «inviable jurídicamente» y que se aleja de la exigencia de Europa sobre la independencia judicial.