Corinna denunció el acoso del CNI tras exigirle Juan Carlos I los 65 M€

La demanda por acoso de Corinna Larsen contra el rey emérito detalla una supuesta operación de espionaje que habría llevado a cabo el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Londres contra la empresaria danesa y su entorno hasta noviembre de 2020, un mes antes de presentar la acción civil por daños y perjuicios ante el Tribunal Superior de Justicia inglés, cuya cuestiones preliminares se han celebrado esta semana.

El escrito del despacho Blake Morgan recoge varios episodios de «vigilancia exhaustiva», allanamiento de morada e interceptación ilegal de teléfonos móviles y cuentas de correo electrónico. Larsen, de 56 años y con dos hijos, atribuye esta acción a agentes del CNI o «mercenarios» contratados por la agencia española bajo la dirección de Félix Sanz Roldán y de su sustituta, Paz Esteban. Todo ello se habría realizado «con la dirección o el consentimiento» de don Juan Carlos, dice.

Estos hechos se habrían desarrollado entre 2015 y 2020 y la supuesta víctima los puso en conocimiento de la Policía inglesa en al menos cinco ocasiones, a través de las pertinentes denuncias, y por carta ante los servicios de seguridad internos, más conocido como MI5, y los de inteligencia, el MI6.

La misiva de sus abogados fue remitida en agosto de 2019 e incluyó diversos actos sufridos supuestamente por su asesor James Watt. En el texto se reclamó la intervención de ambos organismos para detener las «actividades de continua hostilidad» del CNI en Reino Unido, pero a priori no tuvieron efecto inmediato.

El origen de los seguimientos se ubica en septiembre de 2014, tres meses después de la abdicación del monarca y tras la consiguiente pérdida del escudo de la inviolabilidad constitucional (una de las cuestiones que ha planteado su defensa, la inmunidad, en las cuestiones previas del juicio).

Larsen afirma que el anterior jefe del Estado comenzó a viajar con mayor asiduidad a Londres, residencia habitual de ella, y en una de estas visitas concertó una cita a tres con la presencia de su abogado suizo, Dante Canonica. Se vieron en el Hotel Connaught, en el exclusivo barrio de Mayfar. Este establecimiento no era desconocido para Corinna, ya que en mayo de 2012 se reunió supuestamente allí con el director del CNI a petición del rey. La cita duró una hora y, según registró ésta en un acta notarial que posteriormente se incluyó en un pleito de Sanz Roldán y el comisario José Manuel Villarejo, el general le transmitió que no podía garantizar su seguridad física ni la de sus hijos a menos que cumpliera «instrucciones», como no airear la relación afectiva que mantuvieron entre 2004 y 2009 o sus negocios conjuntos.

En cambio, la reunión de 2014 en Connaught con don Juan Carlos y Canonica tuvo un cariz meramente comercial: que Corinna le devolviera la «donación» de 65 millones de euros que le hizo el monarca en abril de 2012 tras liquidar la Fundación Lucum.

La sociedad panameña administrada por él y que nunca fue declarada al fisco. Precisamente, en su cuenta recibió en 2008 los famosos 100 millones de dólares que le «regaló» el rey Abdulá, vinculados supuestamente a las comisiones de la obra española del AVE saudí.

Larsen consideró que la transferencia de los 65 millones fue amistosa e «irrevocable», pero don Juan Carlos reclamó su devolución íntegra así como la recepción de otros obsequios. Sin embargo, no hubo acuerdo. Las consecuencias «no serán buenas», le avisó éste por teléfono días después, según detalla la demanda de 28 páginas.

El escrito recoge un segundo encuentro en el apartamento de Larsen el 4 de noviembre de 2014, en el que Juan Carlos I le reclamó 200.000 libras por haber usado el dinero de Lucum para comprar un piso de lujo en Londres.