La corrupción de los ERE de Andalucía altera el plan del nuevo PSOE de Sánchez

El fantasma de las grandes causas por corrupción política en España ha resucitado, esta vez sobre el PSOE. El Supremo ha puesto punto final, a la espera de que los condenados decidan o no recurrir al Constitucional, al larguísimo periplo judicial abierto contra las millonarias subvenciones irregulares vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía. El alto tribunal aboca a la cárcel con una pena de seis años al expresidente de la Junta andaluza y también expresidente de los socialistas José Antonio Griñán y ratifica la inhabilitación de nueve para su predecesor en ambos cargos, Manuel Chaves.

El veredicto, cuyos argumentos no se conocerán hasta dentro de unos días, llega una vez celebradas las elecciones en Andalucía y supone una sacudida para el PSOE que Pedro Sánchez ha querido revitalizar con su fulgurante remodelación interna de la última semana. El de Griñán y Chaves era otro partido, pero el peso que ambos conservan en el imaginario del socialismo quedó evidenciado en la campaña del 19-J cuando tanto el candidato Juan Espadas como el expresidente José Rodríguez Zapatero elogiaron la Andalucía gobernada por ambos.

Este martes, la Sala de lo Penal del Supremo, partida por la mitad, confirmó por tres votos a dos la resolución de la Audiencia de Sevilla que impuso a Griñán seis años de cárcel por malversación y nueve de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación; una inhabilitación por ese mismo ilícito, en su caso de nueve años, que el primer tribunal juzgador también impuso a Chaves. Ahora, y junto a Griñán, el Supremo envía a prisión a los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Vieira y Carmen Martínez Aguayo, que fueron condenados en su día a penas de entre seis y ocho años que no sufren variaciones.

Aquel fallo de la Audiencia de Sevilla, ahora ratificado pero que contará, no obstante, con votos particulares, certificó que ambos expresidentes eran «plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad» del procedimiento que acabó sirviendo para repartir de forma irregular no menos de 680 millones de euros de las arcas públicas entre los años 2000 y 2009.

Dos jueces en contra Griñán ha estado muy cerca de librarse de la cárcel. Dos de los cinco magistrados del Supremo —Ana Ferrer y Susana Polo— discrepan del fallo mayoritario al considerar que la sala debería haber estimado el recurso del expresidente, quien reclamaba ser absuelto del delito de malversación que habría dejado así sin efecto su condena a prisión. Ferrer y Polo también se muestran favorables a exonerar a otros cuatro condenados, pero tampoco han convencido a sus compañeros Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y el ponente, Eduardo de Porres.

A pesar de que la sala ha rechazado los recursos de Griñán y Chaves en los que ambos solicitaban su absolución, el Tribunal Supremo sí que ha atendido los de otros condenados en la causa. Entre ellos, los de los tres exsecretarios de la Consejería de Empleo: Javier Aguado Hinojal, Juan Francisco Sánchez García y Lourdes Medina Varo. A todos ellos les libra del delito de prevaricación administrativa por no ejercer un papel relevante en las irregularidades.

No ha tenido la misma suerte Juan Márquez, quien fue director general de Trabajo y Seguridad Social entre 2008 y 2010. El Supremo le considera responsable de malversación y prevaricación, pero atiende su recurso en lo que se refiere a la atenuante de reparación del daño y deja su condena en tres años de prisión.

Solo esos cuatro recursos han sido admitidos por el Supremo, que apenas retoca la sentencia de 2019 condenó a 19 exaltos cargos andaluces. Entonces la Audiencia sevillana declaró probado que en 2000 la Junta y su Consejería de Empleo pusieron en marcha un sistema de ayudas públicas para empresas en crisis y otras que contratasen a trabajadores próximos a la jubilación. Sin embargo, los pagos se acabaron haciendo de forma irregular vía transferencias de financiación en lugar del tradicional expediente de subvención que está sujeto a los controles de la Intervención y a los principios de publicidad y concurrencia.