El curso judicial comienza con la mayor crisis institucional por el bloqueo político

El curso en los juzgados y tribunales comienza oficialmente este lunes. Un año marcado por la mayor crisis institucional que ha vivido el Poder Judicial en la etapa democrática. La causa es el bloqueo político de la renovación del órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, que cumple ya dos años y ocho meses en funciones. Un récord negativo que no tiene visos de solucionarse y que ha derivado en una escalada declarativa que ensucia sobremanera la imagen de la Justicia.

La falta de entendimiento entre PSOE y PP, cuya mayoría cualificada en el Parlamento les obliga a negociar la composición del nuevo Consejo, está erosionando el normal funcionamiento de los principales órganos judiciales. La ley aprobada en esta legislatura por los dos partidos en el Gobierno, socialistas y Unidas Podemos, impide al CGPJ hacer nombramientos discrecionales de altos cargos estando en funciones. Una norma que nació para presionar al PP y sacarlo del bloqueo, pero que en la práctica impide sustituir las plazas que han quedado vacantes por jubilación en este periodo de descuento.

Esta situación, por ejemplo, ya tiene un efecto directo en la composición de órganos como el Tribunal Supremo, donde el 11% de la plazas estarán sin ocupar en sus cinco salas (ocho de los 74 magistrados) si no hay acuerdo de renovación antes de noviembre. A este escenario se añade otro factor natural que podría alterar más si cabe el normal funcionamiento del alto tribunal: otros cinco magistrados cumplen 70 años en 2021, por lo que podrían jubilarse si lo desean.

Con estos datos, el potencial porcentaje de plazas vacantes se acercaría al 20% —uno de cada cinco jueces del Supremo— si PSOE y PP no se ponen de acuerdo para sacar al CGPJ de esta larga interinidad. Con este complejo panorama que enfrenta a dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, por el sistema de elección del órgano que regula el funcionamiento del Judicial, Carlos Lesmes comparecerá hoy en el Supremo con la presencia del rey con el firme propósito de elevar el tono sobre una situación de «extrema gravedad», admiten fuentes desde su entorno.

El presidente del CGPJ y del Supremo desde 2013 no solo va a denunciar en su discurso de apertura del año judicial que la falta de renovación implica «debilitar la independencia judicial», sino que además va a pedir que no se culpe al Consejo del bloqueo, porque la institución no es parte responsable, sino perjudicada.

Dimisiones y presiones

Lesmes, que ha mantenido un marcado sentido institucional en estos más del mil días de interinidad —instando por carta varias veces al Congreso a cumplir con su deber y reuniéndose con los negociadores—, echará balones fuera con un doble sentido. Por un lado, considera inconcebible que un órgano capital para el Estado de derecho esté ‘secuestrado’ por los intereses partidistas; del otro, cree que el desbloqueo no pasa por una medida de fuerza como sería su dimisión. La asociación progresista Jueces y Juezas Para la Democracia se reunió con Lesmes antes de las vacaciones par proponerle esta posibilidad. Pero éste no está dispuesto a renunciar porque no cree que sea garantía de éxito. Meses atrás, cinco de los 20 vocales del Consejo propuestos por el PSOE también presentaron una enmienda a sus compañeros para la renuncia en bloque o de la mitad de sus vocales y salir de este «grave atentado a la estabilidad del sistema democrático español». Fue rechazada.

De forma paralela, tres colectivos profesionales, la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, continúan con su estrategia de presionar al Gobierno desde las instituciones europeas con un objetivo: reformar el sistema de elección del Consejo para que los jueces nombren a sus pares. El comisario europeo de Justicia y el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa han reclamado al Ejecutivo que deben ser los jueces y magistrados los que elijan al menos a la mitad de los vocales (diez de los 20). En cualquier caso, cualquier reforma de la ley orgánica, como la que reclama también el PP de Pablo Casado para «despolitizar» la Justicia, tardaría entre cuatro y cinco meses. Pero para ello el PSOE debe estar por la labor, dado que una modificación constitucional requiere una mayoría parlamentaria cualificada.